Chile ha avanzado en legislación, pero la deuda es enorme.

Frente al aumento sostenido de denuncias en nuestro país de abuso sexual infantil, queda planteada una tarea ineludible para el nuevo año que comienza: la revisión profunda del actuar de las instituciones responsables de investigar y sancionar estos delitos. La evidencia disponible demuestra que, en la práctica, no solo se siguen incumpliendo estándares internacionales que obligan al Estado a garantizar el acceso a la justicia y el acompañamiento especializado de niños, niñas y adolescentes, y sus familias, sino que además los propios protocolos institucionales continúan siendo vulnerados de manera sistemática.

Lo planteamos desde la experiencia. Como abogadas comprometidas con la incorporación de la perspectiva de género y derechos humanos en cada etapa del proceso judicial, hemos sido parte de causas donde no solo se cuestiona el relato de niñas y mujeres, sino donde se observa una actuación negligente y profundamente deshumanizada por parte de actores clave en la persecución penal, como el Ministerio Público y las policías.

El caso de M da cuenta de esta realidad. Se trata de una joven que hoy tiene 19 años, pero las primeras señales de abuso por parte de un familiar directo comenzaron a manifestarse cuando tenía nueve. La develación ocurrió recién durante una hospitalización psiquiátrica en el sur del país, donde pudo relatar las agresiones sufridas.

Tras ello, se presentó la denuncia ante la Fiscalía de Los Ángeles, se interpuso una querella y se hizo parte la curaduría ad litem que ya la acompañaba en un proceso proteccional previo. Hasta ese momento, la respuesta institucional parecía avanzar en la dirección correcta. Pero lo........

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