La riña en el penal de El Castillo, en Mazatlán, que dejó 12 muertos, entre ellos un menor de edad, evidenció a un gobierno estatal cruzado de brazos, que se limita a observar cómo la Federación asume la tarea de contener la violencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos había advertido sobre la presencia de actividades ilícitas, la insuficiencia de custodios y los problemas de autogobierno dentro del centro penitenciario, al que otorgó una calificación reprobatoria de 5.25 en su diagnóstico de 2025. Las advertencias estaban documentadas y las autoridades estatales tenían conocimiento de las deficiencias que terminaron por quedar al descubierto con la tragedia.

El peso del combate contra los grupos criminales ha recaído en el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en conjunto con el Ejército, la Marina y la........

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