En un país de topografía agreste, como el nuestro, el transporte aéreo es un medio de conectividad territorial estratégico y el único que permite enlazar zonas remotas a las que no llegan otros medios de transporte, contribuyendo, de esa manera, a la integración sociocultural y económica de todas las regiones. Su papel como facilitador de la movilidad y del flujo de bienes cuenta, sin embargo, con una importante limitante para los consumidores, reflejada en el precio de los boletos, el cual determina el nivel del acceso a este servicio.
El mercado colombiano posee un historial de tarifas elevadas, no pocas veces escandalosas, como suele suceder en temporadas especiales, y esta Semana Santa no es la excepción. Las desbordadas alzas alimentan recurrentes debates, como el que resucitó en los últimos días, simultáneamente, en diferentes escenarios de opinión, entre ellos el Congreso de la República, luego de que el Jefe de Estado admitiera, durante la reciente Vitrina Turística de Anato, que es indispensable implementar estrategias para bajar sus costos.
La necesidad de aterrizar las tarifas, en aras de facilitar la accesibilidad del servicio a la mayor cantidad posible de usuarios y, de paso, promover el rol de la aviación como facilitador económico y social, es un planteamiento reiterativo en el que coinciden todos los protagonistas del sector. En el escenario actual, la diferencia radica en el camino a tomar. El Gobierno considera que la apuesta está en estimular la competitividad aérea en el mercado nacional a través del ingreso de nuevas aerolíneas, mientras gremios y congresistas priorizan, como solución, el alivio de la carga tributaria que pesa sobre la aviación comercial, empezando por el IVA en los tiquetes aéreos, cuya tasa es del 19 %.
Un proyecto que cursa en el Senado en espera de su discusión final en la plenaria, para convertirse en ley de la República, avanza por el camino de reducir el impuesto a las ventas a un 5 %, tal y como rigió providencialmente durante un par de años en la post-pandemia. Dicha iniciativa de autoría parlamentaria acaba de aprobarse sin mayores discusiones en la Comisión Tercera, en donde solo se modificó un artículo para disminuir de diez a tres años el tiempo de aplicación de la medida, y dejar que sea el próximo Gobierno el que tome la decisión de mantenerla o suspenderla.
Esta alternativa no parece encontrar vientos favorables en los flancos gubernamentales que manejan las finanzas públicas, dado el impacto presupuestal de la decisión, con la que se privaría a la actual administración de recibir una tajada cercana a los $1,7 billones anuales. De convertirse el proyecto en Ley, el presidente de la República tendrá que valorar su viabilidad y consecuencias fiscales y, de considerarlo, podrá objetarla por inconveniente o inconstitucional, para que, en el primer caso, el Congreso revise los argumentos oficiales y tome la última palabra, y, en el segundo, sea la Corte Constitucional la que determine su inexequibilidad.
Desde inicios del año pasado, tras la reactivación del incremento del IVA, los precios de los pasajes aéreos han aumentado cerca del 40 %, presionados por múltiples factores, como inflación, costos de combustible y otros. También inciden los tributos que soportan y las debilidades del mercado, agudizado por la pasada crisis que enterró a las aerolíneas Viva y Ultra. El anterior ministro de Transporte, Guillermo Reyes, propuso reducir el impuesto, sin encontrar eco en el Ministerio de Hacienda, que, con la intención de no comprometerse con la rebaja, plantea que el servicio aéreo en Colombia es utilizado en un 87 % por usuarios de altos ingresos, cifra que difiere con la de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo -IATA-, que indica que el “75 % de quienes viajan en avión son estrato 2 y 3″.
Hoy en día, viajar en avión por Colombia dejó de ser un lujo y se requiere ajustar la regulación del sector para lograr niveles óptimos de competencia sobre la base de precios adecuados, sin afectar la estabilidad financiera de sus operadores. Estimular la llegada al país de más aerolíneas evitará la concentración y romperá el monopolio que opera en el mercado, ampliará la conectividad nacional e internacional y generará competitividad en los servicios. Un proceso lento y complejo por las características regulatorias y económicas que conlleva, pero que, hasta ahora, muestra resultados válidos con el ingreso reciente de las compañías extranjeras JetSmart y Emirates.
Las variables económicas también exigen compromisos, teniendo en cuenta que las obligaciones impositivas que pesan sobre los pasajes están consideradas entre las más altas de la región. Los impuestos dificultan bajar los costos operativos de las aerolíneas y, por ende, afectan la accesibilidad del servicio. Un tiquete para vuelos nacionales recoge una carga tributaria cercana al 35 %, y para los internacionales, del 60 %, cargos asumidos por el pasajero, para quien el aéreo debe ser un servicio público esencial. La accesibilidad a los tiquetes es la forma primaria de estimular el mercado, particularmente el de los vuelos domésticos, que muestra señales de contracción.
Atraer más compañías y abaratar el precio de los boletos aéreos favorecerá el turismo, en particular el interno, clave dentro de las metas del Gobierno para convertirlo en baluarte económico y emigrar hacia la transición energética. Eliminar restricciones de acceso aéreo y reducir el IVA beneficiará el mercado y la competitividad del sector, fortaleciendo el desarrollo social y económico del país, en concordancia con los intereses de un gobierno del cambio. De paso, aliviará el bolsillo de millones de colombianos, que no solo tienen la casa –como diría el vallenato–, sino el avión… en el aire.
En el sector I: No cesan las tempestades en la Aerocivil, donde recurrentemente se denuncian eventuales problemas de gestión administrativa y hechos de corrupción, sobre los cuales no hay pronunciamientos de los órganos de fiscalización. Mientras los empleados de servicios generales en la torre de control reclaman salarios justos, el senador Ariel Ávila advierte sobre una adjudicación irregular de millonarios contratos. Su director, Sergio Paris Mendoza, quien simboliza el enclave conservador que, desde hace décadas, se tomó la entidad como un jugoso fortín político, sigue sin encajar dentro de una política de diálogo, confianza y relación armónica con los trabajadores.
En el sector II: El embajador de la India en Colombia, sr. Vanlalhuma, impulsa en nuestro país una ofensiva de negocios, a través de decenas de empresarios indios de las áreas farmacéutica, textil y artesanal -en las que ejercen liderazgo mundial-, en busca de nuevos mercados mediante un variado catálogo de productos de calidad y buen precio. Con la coordinación de Cristhian Salamanca, los empresarios han recorrido varias de nuestras capitales haciendo turismo corporativo y participando en exitosas ruedas de negocios.
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