La decisión acertada del presidente Gustavo Petro de nombrar a Otty Patiño como nuevo alto comisionado para la Paz, así como los múltiples balances realizados por estos días al conmemorarse los 7 años de la firma del Acuerdo Final entre el Estado colombiano y las extintas FARC, constituyen un momento adecuado para repensar la Paz Total.
No dudo en reiterar la validez del diagnóstico sobre el cual se basa dicha política de reconocer la reconfiguración actual del conflicto armado caracterizado entre otras por la existencia de múltiples grupos armados de diversos orígenes y naturalezas. Así mismo, comparto la premisa básica de que la salida militar no ha sido exitosa y que el diálogo debe primar por encima del uso de las armas. Sin embargo, se hace necesario evaluar los resultados y aprender de la experiencia de estos primeros quince meses de la Paz Total para contemplar los ajustes y eventuales replanteamientos requeridos para continuar. Me permito sugerir algunos elementos y reflexiones.
Una primera consideración está relacionada con la implementación integral del Acuerdo Final, que, si bien en este gobierno se evidencia un avance significativo frente a los cuatro años perdidos de Duque, aún falta mucho para que se traduzcan en realidad los aspectos transformadores, particularmente lo referente a la reforma rural integral y la solución al problema de las drogas ilícitas. Es positivo que el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas del gobierno en ambos campos van en la misma dirección, pero se requiere remover los obstáculos para cumplirle a las comunidades y poblaciones afectadas y además mandar un mensaje claro al ELN y los otros grupos armados que los acuerdos sí se pueden cumplir.
Una segunda observación está relacionada con la indispensable diferenciación entre los diversos grupos armados y por tanto de los caminos distintos a emprender con cada uno. Si bien la Ley de la Paz Total (2272 de 2022) establece dos carriles diferenciados, negociaciones con grupos de carácter político para lograr acuerdos de paz y conversaciones con organizaciones armadas y estructuras de crimen de alto impacto para el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento, desafortunadamente en la práctica se terminaron confundiendo los unos con los otros, mezclando peras con manzanas, varias de ellas bastante podridas. El anuncio del 31 de diciembre de 2022 de cese al fuego bilateral con seis grupos de índole muy distintos no solo fue un error por comunicar lo que no estaba acordado sino por haberlos tratados todos juntos.
En el caso del ELN, ha sido claro que se trata de una negociación política y es clave registrar que los diálogos se encuentran más adelantados que en cualquier momento de la larga historia de intentos con esa agrupación. Pero es también imperante reconocer que tras el secuestro y liberación del padre de Luís Díaz el proceso atraviesa una grave crisis de credibilidad. Resolver el asunto del secuestro de manera prioritaria no significa un cambio de reglas ni es una imposición unilateral del gobierno, sino el desarrollo lógico de los acuerdos de México y Cuba que definen como actor central del proceso a la sociedad quien exige el fin de esta práctica. La eventual financiación de la insurgencia sólo es viable si está atada a un horizonte claro hacia la paz. La comunidad internacional, por muy generosa que haya sido con su apoyo, no estaría dispuesta a entregar recursos si no ve que contribuyen de manera cierta a la superación del conflicto armado interno.
En relación con las disidencias de las extintas FARC lideradas por Iván Mordisco, si bien considero que ha sido acertado reconocerles un estatus político, comparto con el expresidente Santos que haberles concedido el uso del nombre Estado Mayor Central fue un grave error, no solo por ser una afrenta a la inmensa mayoría de las extintas FARC que firmó el Acuerdo Final y lo ha cumplido, sino también por la forma en la cual han utilizado ese gesto de excesiva buena voluntad para inflarse y envalentonarse. El más reciente impase, en el cuál señalan que algunos de los integrantes de su delegación negociadora eran unos “infiltrados”, solo se agrega a las inmensas dudas que ellos mismos han generado sobre por sus intenciones y naturaleza.
En el caso de las otras disidencias, las lideradas por Iván Márquez, que al menos han tenido la decencia de utilizar otro nombre, Segunda Marquetalia, se han adelantado diálogos exploratorios, pero no se han formalizado negociaciones. Si bien considero que es correcto darles tratamiento político -de hecho, para mí, Márquez es más político que Mordisco- es evidente que cualquier eventual diálogo y acuerdos deben realizarse dentro de las limitaciones establecidas constitucional y legalmente, ya que no parecen existir condiciones para reformarlas, por haber retomado las armas siendo firmantes del Acuerdo Final.
El otorgamiento de estatus político a unos grupos armados no implica que la agenda y eventuales acuerdos sean los mismos. Es así que las negociaciones con el ELN y las dos disidencias de las FARC, si bien las tres están en el carril de lo político, el alcance de sus procesos debe ser diferente y acorde con la especificidad de cada uno. En el pasado, en el contexto del acuerdo con el M-19, se negociaron prácticamente de manera simultánea con el EPL, el Quintín Lame y el PRT, y posteriormente con la Corriente de Renovación Socialista, y los acuerdos logrados fueron disímiles, reflejando las realidades y los momentos particulares de cada organización insurgente. Esa experiencia también nos ayuda a entender que, si bien realizar varias negociaciones a la vez es complejo, no es imposible.
Con las demás agrupaciones contempladas en la Paz Total debe existir una demarcación nítida, que le debe quedar claro tanto a los grupos armados y a las estructuras criminales como al país, que las conversaciones se realizan en el marco del sometimiento, según lo establecido en Ley de Paz Total. Es evidente que los mecanismos existentes para el sometimiento individual son insuficientes para algunos de ellos, para lo cual desde hace más de un año se habla de un proyecto de ley para el sometimiento colectivo (también se ha llamado de acogimiento), que se presentó de manera tardía y fue rápidamente retirado. Esta es una pieza clave en el rompecabezas de la Paz Total que aún falta y que sólo puede producirse mediante la concertación de las fuerzas políticas en el Congreso. Si bien las conversaciones con los grupos armados organizados y las estructuras criminales deben continuar, no se podrán ofrecer caminos ciertos hasta que no exista dicho marco jurídico. Y así como sucede con el carril político, también es necesario diferenciar entre los diferentes grupos armados y estructuras criminales que se encuentran en el carril de sometimiento.
En el caso del Clan del Golfo, el más grande de éstos, también se cometió un error inicial grave al utilizar el nombre con el que se autodenominan, lo cual es un insulto a los verdaderos gaitanistas e insinúa un reconocimiento de estatus político, como lo señalé en una columna anterior. Afortunadamente el presidente Petro dejó de utilizar el término y de hecho en una entrevista con la revista Cambio, al indagar Daniel Coronell sobre dicho grupo utilizando el apelativo, el presidente respondió “ellos no son gaitanistas”. De todas maneras, el saliente alto comisionado para la Paz lo siguió utilizando hasta en su carta de despedida. Pero los errores no fueron solo por el uso equivocado del nombre. En buena hora, el gobierno entendió que el cese al fuego bilateral que se había anunciado era impracticable y negativo, especialmente tras los incidentes en el Bajo Cauca relacionados con la minería ilegal de oro. Asimismo, los diálogos en la práctica nunca se iniciaron de manera formal, en parte por las objeciones de la Fiscalía, pero sobre todo por las conductas del propio Clan del Golfo.
Con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada tampoco se han formalizado negociaciones. En cambio, las conversaciones socio jurídicas con las bandas criminales en Medellín, Buenaventura y Chocó deben continuar signadas al marco jurídico existente para el sometimiento. Aunque está bien que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz dirija el proceso, la colaboración armónica con la Fiscalía General de Nación es fundamental, lo que no ha ocurrido hasta el momento.
Otra área de articulación institucional que requiere mejoría es con el Ministerio de Defensa y la política de seguridad humana. Más allá de la vieja lógica de garrote y zanahoria, la presencia integral del Estado en los territorios es fundamental y con razón el presidente Petro ha ordenado la recuperación del Cañón del Micay que para nada riñe con los diálogos de paz.
Pero quizás el elemento más importante de la Paz Total, que es parte de su diseño inicial, es el rol central y protagónico de las comunidades y las poblaciones en las transformaciones reales de los territorios históricamente abandonados por el Estado y más golpeados por la violencia del conflicto armado interno. Hay un elemento común a los distintos grupos armados y estructuras criminales, independientemente de sus naturalezas u orígenes: todos se alimentan de las injusticias y falta de oportunidades para los jóvenes que constituyen buen parte de sus filas. La Ley de Paz Total contempla la constitución de regiones de paz y comisionados de paz regionales, así como el servicio social para la paz, instrumentos con gran potencial pero que aún no se han desarrollado.
Quienes hemos tenido responsabilidades oficiales en la búsqueda de la paz sabemos de las grandes dificultades y tremendos retos propios de la labor y a Danilo Rueda solo cabe agradecerle por sus esfuerzos incansables. Conozco a Otty Patiño desde hace años y he sido testigo de su experiencia, conocimientos e inteligencia, pero sobre todo su compromiso indeclinable por la paz. Tiene una historia común con el presidente y cuenta con su respaldo. Su nombramiento es sin duda un paso importante en la dirección correcta. Tiene una inmensa responsabilidad por delante, pero también una gran oportunidad para seguir promoviendo los avances y aciertos logrados hasta ahora, darle mayor impulso a lo que quizá se dejó de lado e incorporar los ajustes y correctivos necesarios.
Enderezar el camino hacia la paz no es sólo un interés del gobierno sino una obligación de todo el país. Esto es hoy más difícil dado el agotamiento que hay con los discursos de paz, el escepticismo por los incumplimientos de acuerdos pasados y la falta de credibilidad de voluntad real de los actores armados. Se hace necesario construir una nueva narrativa societal de la paz, que se centre en una verdadera reconciliación y no solo en el silencio de los fusiles, con base en el mayor y permanente esclarecimiento de la verdad, la reparación integral y la reconstrucción de memoria histórica a partir de las voces de las víctimas, los victimarios y los territorios. Cerrar por fin las décadas de guerra interna y diversos ciclos de la violencia debe ser materia central de un Acuerdo Nacional. Sacar las armas de la política es una parte fundamental de ese propósito, como lo son las transformaciones democráticamente consensuadas y política y financieramente viables que se traduzcan en cambios reales en las condiciones de vida y derechos de las poblaciones más vulnerables e históricamente excluidas.
danielgarciapena@hotmail.com
* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y Director de Planeta Paz.
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