Miles de agricultores y ganaderos se echarán la semana que viene a las carreteras de nuestro país para pedir que se levanten las restricciones medioambientales y sanitarias a sus productos siguiendo la estela de sus colegas alemanes, franceses, belgas o polacos. Piden que se derogue parte de la Agenda 2030 que pretende reducir las emisiones de carbono en un 55%; que se rebajen las exigencias de la Política Agrícola Común (PAC) o se suavicen las normas sobre bienestar animal, entre otras muchas medidas. "Los animales tiene un mayor control sanitario a lo largo de su vida que las personas", asegura, Pedro Barato, presidente de Asaja, la principal organización agraria promotora de las movilizaciones.
Según Barato, la agricultura española recibirá 580 millones menos este ejercicio pese a que todos sus costes de producción subieron de forma importante; la ley de la cadena alimentaria no se cumple, lo que impide garantizar precios mínimos en el campo, y no existe un control sobre los productos procedentes de fuera, a los que no se exigen los mismos requisitos sanitarios y ambientales que a los europeos. "A este paso peligra la producción alimentaria", asegura Barato.
La PAC consume alrededor de un tercio de todos los recursos presupuestarios, pero es totalmente ineficaz porque fomenta una agricultura poco competitiva, sustentada en ayudas públicas. La renta de los agricultores franceses, que estos días intentaron cortar los accesos a París, es casi el doble de la de los españoles, y la de éstos, paradójicamente, repuntó en 2023, tras la caída causada por la guerra de Ucrania en 2022. La pandemia primero y el conflicto bélico después dispararon los costes de producción y redujeron los márgenes a la miseria.
La reforma laboral encarece los costes. Trabajo prometió un 'traje a medida' al sector y luego pasó
¿Quién se queda, entonces, con el dinero procedente de la subida de los alimentos? La respuesta no es fácil. Los agricultores culpan a los distribuidores y las grandes superficies comerciales, mientras que estos aseguran que sus márgenes se redujeron a entre el 2 y el 3%, para devolver la pelota.
La larga sequía, provocada por el cambio climático, dio el remate al campo al reducir las cosechas, como hemos visto en el aceite o los cereales. En nuestro país se añade la mala gestión del agua, que obliga a restringir su uso para el consumo por la falta de una planificación hidrológica, o se vierte directamente al mar para cumplir la normativa sobre caudales ecológicos.
En España, el alza de los costes se acentúa por las sucesivas regulaciones laborales. Los fijos discontinuos obligan a reservar puestos de trabajo de un año para otro a inmigrantes, que en muchas ocasiones desaparecen del mapa y encarecen la mano de obra.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, prometió una legislación específica para solventar los problemas del sector que jamás llegó a concretar. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en más del 50% o la pretendida reducción de la jornada horaria representa otra vuelta de tuerca a los honorarios.
Las organizaciones agrarias critican que la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar precios mínimos frente a la presión de las superficies comerciales y los intermediarios, se incumple, mientras que el ministro de Agricultura, Luis Planas, presume de lo contrario. La disputa debería dirimirse en las reuniones programadas con el ministro para calmar las protestas.
Para más Inri, en paralelo al recorte de la cuantía de la PAC se incrementó notablemente el papeleo, lo que dificulta el acceso de las explotaciones más pequeñas.
La guerra de Ucrania dio la puntilla al sector. Macron llevó un plan al Consejo Europeo del jueves para desviar una parte de los 50.000 millones de ayudas a Ucrania hacia la agricultura europea, que fue rechazado por Úrsula von der Leyen, quien ya había comprometido su palabra con su presidente, Volodimir Zelenski.
Kiev es uno de los mayores productores del mundo de maíz, trigo y cebada y el primero de girasol, que entran en la Unión Europea (España es el primer importador) a precios muy competitivos. Para colmo de males, el pacto salvaguarda las exportaciones de grano, a pesar de que no cumplen los exigentes requisitos europeos.
Igual ocurre con las carnes brasileñas o argentinas, lo que provocó que el presidente francés, presionado por las protestas masivas, anunciara el bloqueo de Mercosur, que estaba a punto de ratificarse después de más de veinte años de negociación. "Nos piden que reduzcamos el tamaño de las granjas y luego queremos que baje el precio de carnes como el pollo", protesta Barato.
Francia también quiere denunciar el acuerdo de amistad con Marruecos, que permite a este país exportar sus productos con aranceles irrisorios. Una buena parte de la producción marroquí procede de empresas agroalimentarias españolas instaladas en ese país para reducir los costes, como informa elEconomista.es, lo que alimenta la ira de los agricultores franceses contra los camioneros españoles.
Von der Leyen se reunió con una delegación de agricultores y ha tomado algunas medidas como reducir la superficie mínima de barbecho, un asunto en estudio desde hace un año. El próximo Consejo de Agricultura estudiará simplificar el papeleo. Medidas a todas luces insuficientes. En breve, el Parlamento Europeo votara la controvertida Ley de Restauración de la Naturaleza, que asfixia a los agricultores con más exigencias.
Sánchez no se implica. Teme que las protestas alienten a los partidos de ultraderecha
Las elecciones europeas de junio sobrevuelan al conflicto. Las protestas cuentan con el respaldo unánime de los partidos de la ultraderecha en Francia, Alemania, Bélgica y, por supuesto España, donde algunos dirigentes de VOX se adelantaron a las movilizaciones. Las organizaciones agrarias españolas niegan cualquier vinculación al partido político de Abascal. Pero el avance de la ultraderecha en toda Europa, parte como favorita en Alemania, Francia e Italia, hace que muchos políticos consideren que las manifestaciones favorecen a los partidos populistas y antieuropeos. Quizá por ello Asaja echa de menos la implicación de Pedro Sánchez, que hasta ahora elude pronunciarse abiertamente sobre el conflicto.
Satisfacer las demandas de agricultores y ganaderos es una tarea imposible, porque requeriría revertir los compromisos sobre libre comercio o sobre descarbonización reforzados desde la Coop21 de París, donde se dio un paso histórico para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono.
Europa presume de ser un campeón en energía verde y Bruselas aspira a que las compañías del Viejo Continente sean las primeras en completar la transición verde y en conseguir elevados estándares de crecimiento y sostenibilidad para las futuras generaciones. Pero muchas empresas, probablemente, no lleguen a contarlo. Las compañías europeas son más pequeñas que sus rivales americanas, lo que limita su capacidad para beneficiarse de la economía de escala. Sobre todo, si pertenecen al sector primario en España. Y su capacidad de innovación es mucho más limitada que sus competidores.
Un estudio reciente de la prestigiosa European Roundtable (ERT), que reúne a directivos de las grandes corporaciones del Continente, señala que el Pacto Verde requerirá un mercado único más integrado, sin barreras entre los Estados, e incentivos y ayudas para promover el consumo de productos y servicios sostenibles. El problema es común a otros sectores como las nuevas tecnologías, las energéticas o las automovilísticas.
El Pacto Verde está lastrando a muchos sectores por culpa de una normativa compleja, el exceso de burocracia y los menores incentivos. La próxima Comisión que salga de las urnas antes del verano debería replantearse la política climática y los tratados comerciales con terceros si se quiere atajar la pérdida de competitividad que ya sufrimos frente a China, Estados Unidos o Japón.
La productividad laboral se deterioró en las dos últimas décadas, de manera que la inversión industrial es mucho menos que en Japón o EEUU. Si la tendencia continúa será difícil mantener los estándares de calidad de vida actuales, según el estudio de ERT.
Mucho me temo, que las protestas del sector agrario se saldarán con un incremento puntual de ayudas en los países afectados, acompañadas de vanas promesas. Un parche que dejará abierta la herida de la pérdida de competitividad a medio plazo.
login
who are we?
contact us
qosheapp
Toi Staff
Gideon Levy
Belen Fernandez
Andrew Mitrovica
Mort Laitner
Rami G Khouri
Ali Fathollah-Nejad
Nikkei Editorial
visit website
