El líder del PSOE y jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en un acto de precampaña en Ponferrada, León. / Ana Barredo / EFE

Y tanta perplejidad comienza a pasarme factura. Como a muchos el asombro me agota. Lo último es la indignación sulfurosa sobre la solicitud de la diputada y portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo al ministro de Justicia para que le aclarase si el presidente Pedro Sánchez padecía alguna patología cardiovascular. La revista Libertad Digital, hace tres o cuatro días, había afirmado tajantemente que Sánchez estaba siendo tratado de una cardiopatía. En la noticia se menciona incluso los nombres de varios especialistas custodios de la salud del presidente. Nada más sentarse Álvarez de Toledo el PSOE y sus izquierditas entraron en tromba a insultar a la diputada. Era una bajeza repugnante. Una canallada escrufulosa. Pocos seres humanos tan ruines y miserables como esta tipa, escribió más o menos un perenquén socialista. Y el torrente de insultos e improperios siguió corriendo fulminantemente por las redes sociales.

A un diputado le asiste todo el derecho político o parlamentario a preguntar por la salud del jefe el Ejecutivo. Simplemente porque la salud de un presidente no forma parte de una intimidad inviolable, sino que es un asunto de legítimo interés público. Esta escándalo trufado de sofocos por la pregunta de Álvarez de Tolero no proyecta ninguna ética maltratada e indignada, sino más bien casi lo contrario: la idolatría tan española hacia el que manda. El que manda tiene derecho a una intimidad irrestricta de la que el mandado no dispone. Ya al principio de los años sesenta (el franquismo fue interminable) un desdichado periodista -no recuerdo si quien lo cuenta es Cándido-tuvo la ocurrencia de escribir de un ministro que tenía caspa y le caía sobre los hombros como un paisaje nevado. Sorprendentemente pasó la censura: una verdadera mala suerte. Al periodista lo detuvieron, le dieron unas cuantas hostias y luego fue procesado y, por supuesto, condenado. El juez lo dejó claro en la sentencia: la caspa formaba parte de la sagrada intimidad del ministro. Entre ese excelentísimo señor franquista y Pedro Sánchez existe un hilo de continuidad que incluye a todos y cada uno de los presidentes españoles, que nunca enferman, ni son operados, ni sufren cólicos nefríticos, ni neuralgias, ni siquiera caries. La autoridad - viejo resabio de un país mecido por dictaturas y guerras civiles - no puede exhibir debilidades. En realidad la figura del jefe de Gobierno en España es ligeramente estrambótica, empezando por su nombre. Pedro Sánchez, como José María Aznar, Felipe González o Adolfo Suárez, debería ser llamado primer ministro y no presidente, tal y como ocurre en Francia, en Italia o en el Reino Unido. Son pocos, por cierto, los que disfrutan de la prerrogativa constitucional de convocar elecciones cuando les conviene.

Mientras que los presidentes de República tienen mandatos limitados temporalmente y los reyes son vitalicios pero no gobiernan, los primeros ministros, si les acompañan las urnas o las alianzas parlamentarias, pueden gobernar indefinida o repetidamente (Andreotti fue primer ministro siete veces). Por ahí debería empezar una hipotética reforma de la Constitución: por el establecimiento de mandatos limitados. Segundo punto: limitación también en la financiación presupuestaria de Presidencia de Gobierno, sus gabinetes técnicos y sus asesores, una excrecencia técnico-administrativa que no ha dejado de crecer. Tercero: definir un estatuto que regule las actividades profesionales o empresariales que puedan ejercer los familiares director del presidente. No hace falta, en cambio, obligar al jefe de Gobierno que se haga chequeos médicos en campaña y también en el cargo. Es una actitud que, como los debates electorales televisivos, debe convertirse en obligatorio por la inercia de la competición democrática, como ha ocurrido en Estados Unidos desde hace más de medio siglo. Y que cualquiera pueda preguntarle en una rueda de prensa a Sánchez o a su sucesor, por su estado de salud sin que lo machaquen como un criminal. Y que el presidente responda con transparencia democrática y vocación de servicio.

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