Como bien nos recuerda William Herrera (El Deber 09/03/2026), la propuesta del 50/50 se origina en el Comité pro Santa Cruz, en 2013: del total de recaudaciones de impuestos nacionales, el 50% debería ser distribuido 25% para los gobiernos municipales, 18% para los departamentales y 7% para las universidades públicas.

Proponían ampliar lo definido en la Ley de Participación Popular, de 1994, donde se estableció que el 20% de las recaudaciones de impuestos nacionales se destine a transferencias de libre disponibilidad para los municipios y el 5% a las universidades.

Esta ley representó un gran avance democrático al incluir a la población rural en el municipio – “la base del Estado”- y fue un acierto en términos de equidad al establecer que las transferencias de libre disponibilidad sean repartidas según número de habitantes. Pero no en lo que se refiere a eficiencia.

En efecto: las decisiones de las autonomías no pueden ser eficientes si las transferencias no son complementarias a los aportes que hacen los ciudadanos para ser provistos de los bienes públicos que requieren. Al contrario, si las obras llegan como regalos, se estimula la........

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