Rafael Palacios es director ejecutivo de Pivotes
El 2023 fue una aventura rocambolesca para la modernización del Estado; un cover de los Beatles interpretado por Marcianeke; una pantomima acrobática digna de los anamericanos. Los clásicos informes de centros de estudios llenos de diagnósticos profundos y propuestas estructurales recobraron vida desde sus empolvados anaqueles al quedar en evidencia la ineficacia de nuestro Estado para implementar el programa transformacional del Presidente Boric. Cuando se suponía que todo iba a cambiar, fuimos testigos de que todo seguiría igual, o peor. En efecto, la captura del Estado por parte de la coalición gobernante fue particularmente lacerante con el Caso Convenios. Catalina Pérez, Carlos Contreras y Daniel Andrade interpretaron uno de los episodios más brutales de la captura del Estado para provecho personal. Hoy 53 fundaciones están siendo investigadas por traspasos de fondos públicos que superan los 32 mil millones de pesos.
El 2023 dejó al desnudo el talón de Aquiles de nuestro Estado: un régimen de empleo público anacrónico, anquilosado y perverso, que le entrega al Ejecutivo discrecionalidad total para contratar funcionarios de su exclusiva confianza. El Estado-botín: una agencia de empleo para los partidos de gobierno. Y cambiarlo es virtualmente imposible, porque requiere alineamiento en un sistema político fragmentado en el que priman las fuerzas centrípetas. Así, en lugar de un Congreso capaz de generar los acuerdos que el país necesita para modernizar su Estado, encontramos un club de emprendedores de la política ocupados de maximizar la rentabilidad electoral de sus acciones.
De ahí que la nueva Constitución ofrecía una salida: un ajuste al sistema político y un mandato al legislador para crear un nuevo estatuto administrativo para los funcionarios públicos, un régimen de empleo público con menos espacio para los cargos de exclusiva confianza y más para premiar el mérito y el desempeño. Fue una gran oportunidad, y como muchas otras cosas buenas, se perdió en una seguidilla de errores de los que no cabe ya ahondar.
En lugar del sueño de contar con un Estado moderno, en el que servidores públicos elegidos por sus aptitudes y méritos gestionan con sapiencia y tesón el aparato estatal siguiendo las directrices de quienes se hacen del gobierno en cada elección, nos enfrentamos ahora a la pesadillesca saga desatada por Democracia Viva, gobernadores Regionales, SEREMIS, psiquiatras y fundaciones, y caemos nuevamente víctimas del vértigo de las designaciones a dedo, bajo la figura amplia y difusa de los “cargos de confianza”.
El 2023 fue tal vez el año que más cerca estuvimos de modernizar nuestro Estado; y si bien la historiografía afirmará que en este campo seguimos arrastrando nuestro decimonónico Leviatán, las esperanzas están hoy depositadas en las 12 iniciativas de reforma al Estado contenidas en el pacto por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal anunciado por el Ministerio de Hacienda. Muy especialmente en la implementación de la agenda de fortalecimiento del empleo público y en la creación de una agencia de calidad de políticas públicas (ACPP) a cargo de la evaluación de programas y políticas públicas, así como de la política regulatoria del Estado. Tal vez el 2024 traiga más sobriedad y mesura, y podamos canalizar la energía desplegada en plebiscitos y campañas en estas pequeñas, pero grandes cosas, que nos permitan de una buena vez, al menos, avanzar.
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