Pedro Villarino es integrante de la Red Pivotes e investigador de Faro UDD
El audio de la semana pasada guarda múltiples aristas: todas vinculadas entre sí, aunque en compartimentos o categorías distintas. Hay, desde luego, una dimensión jurídica, dentro de la cual se podrán subsumir las ramificaciones legales (no solo penales) a que den lugar las investigaciones en curso. A ella se suma una dimensión económica y financiera, considerando las instituciones involucradas y señaladas en la conversación, así como a las consecuencias o impacto que sobre el mercado este caso pueda suscitar.
A las anteriores se añade también un plano político, atendiendo los nexos y vínculos entre los imputados y personeros públicos que actualmente ejercen cargos de relevancia gubernamental. Y por debajo, en el fondo, subyace una tercera dimensión, quizás más abstracta que las anteriores, aunque no por ello menos relevante: una dimensión social e institucional. Quisiera detenerme en ésta última.
Si se le preguntase al lector ¿en qué descansa el que, frente a una luz roja, uno decida detener el auto, y ante una luz verde, apretar el acelerador? Se responderá que la infracción supondría no solo la imposición de una sanción (ya sea una multa o la retención de la licencia de conducir), sino también que contravenirla conlleva poner en riesgo tanto la vida propia como la de los demás.
Hay, sin embargo, algo más latente (incluso inconsciente) al acatamiento: su respeto descansa en la aceptación táctica y la confianza de que, así como uno “no se pasa” luces rojas, los demás tampoco lo hacen. Y es, finalmente, sobre la base de este acuerdo recíproco que podemos movilizarnos con seguridad y tranquilidad por las calles. Dicho de otra manera: por muy draconiana que pueda tornarse una regulación, esta no funcionará si es que no cuenta con la colaboración, el allanamiento y la confianza de quienes deben acatarla, pues de lo contrario no habría necesidad de controlar el tránsito.
Y es, quizás, esto último igual o más dañino que las dimensiones anteriormente señaladas. Pues más allá de los posibles o eventuales delitos que puedan imputarse a partir de la conversación filtrada, hay un elemento que, a mi juicio, dota al audio de una gravedad aún más profunda: la idea de impunidad acompasado bajo una percepción (a ratos embriagadora) de un sentirse por sobre las reglas, como si saltarlas fuese algo incluso gracioso, o peor aún, bacán. La ilusión de que no serán pillados tomando el tramo corto en aras del beneficio propio. Total, las reglas son para los demás.
Esta disposición conlleva un perjuicio al tejido social mismo, ya que acrecienta la representación generalizada (y anidada desde hace ya bastante tiempo) de que habría ciudadanos de primera y de segunda categoría: una élite económica, política, financiera y social que se ubica por sobre el umbral común. Resta señalar que esto no hace sino acrecentar la sensación de abuso y menoscabo en el resto de la ciudadanía, radicalizándose así la ilegitimidad de un sistema que se muestra frágil e injusto.
En último término, el daño que episodios como éstos (Caso Convenios incluido) generan socava no solo dicha legitimidad, sino también el pacto social mismo sobre el que descansa la convivencia de la comunidad política. Esto lo advierte bien Michael Sandel al sugerir que cuando la noción de mérito desborda la vida social, se arraiga la idea de que lo que se gana se atribuye única y exclusivamente al propio esfuerzo y trabajo, por lo que no habría una exigencia de retribución hacia la colectividad. En esto, sugiere Sandel, se encuentra un problema, puesto que si se considera que no se le debe nada a la colectividad y que no se tienen deberes respecto de ella, entonces para cruzar la línea y hacer trampa basta un pequeño paso.
La verdad es que, más allá del mérito (que bien vale reivindicar), el éxito no puede explicarse sin la concurrencia de condiciones, tanto personales, sociales y circunstanciales: desde el lugar donde nacemos y los profesores que nos educan o la educación a la que accedemos, hasta las oportunidades que asoman azarosas a lo largo del camino. Por lo mismo, sí cabe asumir un deber recíproco de retribución, no solo pecuniario, como lo es pagando impuestos, sino también virtuoso, a través del ejemplo cívico y el respeto normativo. Más que mal, y como bien sentenció Camus, el contrato social nos recuerda que nuestra libertad individual está intrínsecamente ligada a la responsabilidad hacia los demás.
Ser el más bacán
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22.11.2023
Pedro Villarino es integrante de la Red Pivotes e investigador de Faro UDD
El audio de la semana pasada guarda múltiples aristas: todas vinculadas entre sí, aunque en compartimentos o categorías distintas. Hay, desde luego, una dimensión jurídica, dentro de la cual se podrán subsumir las ramificaciones legales (no solo penales) a que den lugar las investigaciones en curso. A ella se suma una dimensión económica y financiera, considerando las instituciones involucradas y señaladas en la conversación, así como a las consecuencias o impacto que sobre el mercado este caso pueda suscitar.
A las anteriores se añade también un plano político, atendiendo los nexos y vínculos entre los imputados y personeros públicos que actualmente ejercen cargos de relevancia gubernamental. Y por debajo, en el fondo, subyace una tercera dimensión, quizás más abstracta que las anteriores, aunque no por ello menos relevante: una dimensión social e institucional. Quisiera detenerme en ésta última.
Si se le preguntase al lector ¿en qué descansa el que, frente a una luz roja, uno decida detener el auto, y ante una luz........
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