El proyecto de ley de reajuste del sector público para el año 2026 tiene un rasgo que conviene reconocer desde el inicio: confirma, sin ambigüedades, lo que ya se había advertido durante la tramitación de la Ley de Presupuestos. No existen recursos suficientes para financiarlo. Ni para el reajuste propiamente tal, ni para los múltiples temas misceláneos que el Ejecutivo decidió incorporar en el mismo texto.

Del propio Informe Financiero del proyecto se desprende un mayor gasto del orden de US$1.050 millones que no cuenta con financiamiento efectivo. No se trata de una diferencia menor ni de un tecnicismo contable, sino de un forado fiscal de magnitud, que deberá ser cubierto mediante reasignaciones futuras y esfuerzos de la próxima administración. En simple: este gobierno promete, el siguiente paga.

Nada de esto debiera sorprender. El actual Ejecutivo nos tiene bastante acostumbrados a reconocer, con posterioridad, estrechez severa e ingresos sobreestimados, que han derivado en un margen fiscal prácticamente inexistente. Presentar ahora un........

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