El de hoy va a ser el último pleno en el Congreso de María Jesús Montero como ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno. Se va a convalidar una disposición que rebaja, con trampa por escasa, la carga fiscal a los precios energéticos a modo de Plan Integral de Respuesta a la crisis en Oriente Medio. Ha sido ella la responsable última de la losa impositiva que pesa sobre los ciudadanos y empresas y la encargada de ejecutar una política de gasto público arbitrario, sin pautas presupuestarias y con una total opacidad parlamentaria. El esfuerzo fiscal de los españoles se sitúa en un 17% superior al del resto de los de la Unión Europea.

Su balance como titular del departamento de Hacienda no puede ser más históricamente escuálido: es la primera ministra del ramo que en tres años consecutivos no ha presentado en el Congreso (es decir, ni siquiera han sido debatidos) los correspondientes proyectos de cuentas públicas, negando, contra toda evidencia, que esa omisión constituya una infracción grosera del artículo 134 de la Constitución; tampoco ha conseguido desencallar la financiación autonómica después de más de siete años en su ministerio y como presidenta del Consejo de Política Fiscal y Financiera lejos de asentar un mínimo consenso con las autonomías ha provocado el mayor de los disensos aceptando el planteamiento de la ‘financiación singular’ de Cataluña, un nuevo modelo que se pactó por el PSOE y ERC y por el PSC y ERC y que ha sido avalado por la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat. Sin olvidar la no ejecutada condonación de la deuda autonómica al FLA. Capítulo aparte merece el trato que Hacienda ha dispensado a la ya expresidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Navarro.

Montero ha sido también la responsable política de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entidad de derecho público con una cartera de 15 empresas estratégicas con el 100% de capital público (Correos, RTVE, EFE, entre otras) y 10 más participadas (por ejemplo, Indra, Red Eléctrica, Telefónica) y un centenar de sociedades indirectas. Sus competencias como titular del ministerio al que está adscrita la SEPI han sido absorbidas por la Moncloa directamente a través del jefe de la oficina económica de la presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, quien se encargó de fulminar a Álvarez-Pallete en Telefónica, aunque no pudo evitar el cese de Ángel Simón en Criteria y tampoco ha logrado descabalgar de la presidencia de Indra a Ángel Escribano. El ‘mérito’ en cuanto a la Sociedad Estatal se refiere fue el de haber nombrado en 2018 a un presidente de la entidad que está sometido, con la fontanera Leire Díez, a investigación judicial, Vicente Cecilio Fernández.

Como vicepresidenta, en la medida en que esa condición establece la ecuación de una primus inter pares, sus méritos resultan desconocidos. Por ejemplo, los de coordinación. Una función especialmente importante en un Gobierno de supuesta coalición. Montero ha sido incapaz de evitar las derivas de los ministros de Sumar (la última, el plantón del pasado viernes en el Consejo de Ministros), mucho menos de contener las ocurrencias de Yolanda Díaz, ni de llamar al orden a ministras como Mónica García, terca en no ofrecer una solución de compromiso a los médicos en huelga. Por no hablar de la gestión de los fondos europeos, que le ha resultado por completo ajena cuando a ella y al ministro de Economía, el salvífico Carlos Cuerpo, correspondía hacerlo.

Como vicesecretaria general del PSOE, teórica número dos de la organización, su expediente es pésimo: dos secretarios de Organización presuntos delincuentes (Ábalos y Cerdán), extinción de la organicidad del partido y fracasos territoriales en prácticamente todas las comunidades autónomas. Solo resultó relevante su jerarquía en Ferraz en aquellos cinco días de abril de 2024 durante los que Pedro Sánchez se ‘retiró’ a una falsa meditación sobre si le compensaba o no seguir regalándonos su gestión en la Presidencia del Gobierno. Montero se comportó entonces —aunque no ha sido la única vez— como una auténtica hooligan. Gesticuló, gritó, se agitó… ofreció un lamentable espectáculo de ordinariez populachera digna de inmediato olvido.

Por otra parte, Montero ha sido peón de brega no solo de Pedro Sánchez, porque en su biografía constan cargos públicos de relevancia en Andalucía con Manuel Chaves, con José Antonio Griñán y con Susana Díaz, esta última competidora de su actual jefe en las primarias de 2017. De modo que Montero sí es una sanchista, pero antes fue ‘susanista’ y antes aún gestora de confianza de los precedentes presidentes de la Junta de Andalucía. Con ella en el Gobierno (2022), el PSOE de aquella comunidad perforó su suelo histórico: 30 escaños con la candidatura del exalcalde de Sevilla Juan Espadas. Se dice de ella en la Moncloa y en Ferraz que, como el triste candidato andaluz a la Junta de hace cuatro años, es ‘la mejor opción’.

La reivindicación autorreferencial de Montero, que proclama que, siendo la mujer con más poder en democracia, se desplaza a competir en Andalucía para ‘rescatar’ a sus ciudadanos del ‘deterioro de los servicios públicos’, resume la inanidad de un personaje sobrevalorado y asemeja al propio Sánchez que se considera un ‘bien de Estado’. Montero es por sí misma irrelevante. Su biografía política es una apariencia que engaña. Su dimensión se la otorga, simplemente, el carácter subalterno de su gestión a los dictados de Pedro Sánchez, a tal punto que a efectos electorales es su holograma. Pero nada más. Por eso, como Pilar Alegría en Aragón (otro holograma sanchista), es para el PSOE la peor candidata y la mejor para Sánchez porque le conservará el control del partido en la estratégica comunidad andaluza cuando ella el 17 de mayo pierda los comicios y él haga lo propio cuando se celebren las elecciones generales. Pero como dijo la nunca bienponderada Elma Saiz, portavoz del Gobierno, Montero es ‘una espectacular política’. Y tanto que lo es.

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