Terminó la legislatura en el Congreso y, en su última semana, los parlamentarios que elegimos en el 2021 nos dieron una cruda muestra de nuestra realidad política.
Se aprobaron leyes que, en lugar de plantear cambios positivos, buscan acentuar la informalidad (como la norma que prorroga, una vez más, el requisito de maestría para enseñar en una universidad) o lograr impunidad (como la norma, materia de una reconsideración, que plantea restringir los plazos para cerrar colaboraciones eficaces con la fiscalía). Se incluyó también el debate para la designación de un magistrado del Tribunal Constitucional (TC) y la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), entre otras normas.
Lo que hemos visto hace unos días es la organización de una especie de bolsa de proyectos y votaciones que probablemente fueron previamente negociados. La señal más clara de esto es la elección del señor Pedro Hernández como magistrado del TC. Se requería una votación elevada (87 votos de 130) y el abogado fue elegido con 103 votos.
En mi opinión, más allá de las capacidades que pueda (o no) tener el nuevo tribuno, su designación difícilmente sea fruto de la casualidad. Hubo una negociación vinculada a los proyectos de la bolsa de esta semana o, quizá, la conclusión de un acuerdo previo.
No me mal entiendan, la negociación política es fundamental en cualquier democracia. Sin conversar, debatir, negociar y finalmente pactar, no se podrían llegar a consensos (más, cuando tienes un Parlamento atomizado como el peruano). Sin embargo, esta no debe ser ajena a un principio fundamental en un Estado de derecho: la buena fe.
¿Qué es la buena fe? Este es un principio clave, relacionado con un estándar de conducta que debe estar siempre presente para que los acuerdos sean válidos y exigibles.
Por ejemplo, en el derecho civil, si alguien prueba que una de las partes de un contrato ocultó información relevante con el fin de que este sea firmado, inclusive puede llegar a anularlo.
En el ámbito parlamentario, la buena fe debe estar presente al momento de poner por encima las verdaderas razones de los pactos y que estos no sean subyacentes con el fin de favorecer a unos u otros. Es evidente que no existe buena fe en las votaciones de muchos parlamentarios y, por lo tanto, no hay buena fe al Perú. Por ejemplo, si es que un congresista que es parte de investigaciones fiscales por presuntos delitos, en los que participan aspirantes a colaboradores eficaces, plantea que se aprueban restricciones a dicha figura, es difícil hablar de buena fe. Si también están involucrados sus candidatos y sus partidos en las pesquisas, menos aún.
Ocurre lo mismo con los congresistas miembros del magisterio (y quienes los apoyaron) en todas las normas aprobadas que benefician a los profesores menos capacitados con aumentos, nombramientos y eliminación de requisitos para que queden los más preparados. ¿Puede decirse que hay buena fe con el Perú cuando se aprueban esas normas?
En el mundo de los contratos sí hay soluciones para este tipo de situaciones. Uno demanda al otro. Luego se pasa 10 años litigando y, eventualmente, obtiene justicia. En el de la política la cosa es distinta. En algunos casos es difícil probar cuál fue el verdadero interés del congresista y, además, tienen una serie de privilegios legales por el cargo.
Cosas de la vida, justamente por estas semanas la fiscalía indaga si algunos congresistas, presuntamente, canjearon sus votos por el archivamiento de sus casos en un supuesto intercambio de favores con la hoy suspendida ex fiscal de la Nación Patricia Benavides.
Ya no estamos solo frente a la ausencia de un estándar de conducta, sino que algunos legisladores habrían incurrido directamente en delitos. Con eso en la retina, es difícil no sospechar de todas las votaciones recientes y dudar de la buena fe de muchos congresistas. Más si casi todo lo que se aprueba apunta a destruir más que a construir.
Y ese planteamiento y luego suspensión de votar la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), justo el último día de plenos, logró bajarle automáticamente el tono a todo lo que se estaba aprobando. Los medios se enfocaron en la JNJ y lo demás pasó a un segundo plano. Sospecho que esto pudo ser planificado, pero, como siempre en el mundo de la mala fe, es difícil probarlo.
Sin buena fe con el Perú
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18.12.2023
Terminó la legislatura en el Congreso y, en su última semana, los parlamentarios que elegimos en el 2021 nos dieron una cruda muestra de nuestra realidad política.
Se aprobaron leyes que, en lugar de plantear cambios positivos, buscan acentuar la informalidad (como la norma que prorroga, una vez más, el requisito de maestría para enseñar en una universidad) o lograr impunidad (como la norma, materia de una reconsideración, que plantea restringir los plazos para cerrar colaboraciones eficaces con la fiscalía). Se incluyó también el debate para la designación de un magistrado del Tribunal Constitucional (TC) y la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), entre otras normas.
Lo que hemos visto hace unos días es la organización de una especie de bolsa de proyectos y votaciones que probablemente fueron previamente negociados. La señal más clara de esto es la elección del señor Pedro Hernández como magistrado del TC. Se requería una votación elevada (87 votos de 130) y el abogado fue elegido con 103 votos.
En mi opinión, más allá........
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