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Por Nicolás Loaiza Díaz - opinion@elcolombiano.com.co

En la percepción de muchos compatriotas, el ejercicio democrático parece estar limitado a la votación. No reconocemos que existen otras formas de ejercer el derecho y la responsabilidad de ser ciudadanos colombianos, que existen mecanismos de participación y control por fuera del ejercicio electoral y que el deber cívico implica buscar participar en alguno de estos mecanismos.

Las veedurías ciudadanas son uno de estos mecanismos, tienen sus raíces en la participación ciudadana y la vigilancia de los actos gubernamentales, en este sentido, son uno de los pilares del ejercicio democrático. Su origen se remonta a diversas iniciativas y movimientos sociales que buscaban involucrar a la sociedad civil en la supervisión de la gestión pública y la transparencia en los procesos gubernamentales.

En América Latina, por ejemplo, las veedurías ciudadanas se desarrollaron como respuesta a la corrupción y a la falta de rendición de cuentas en muchos países de la región. A lo largo de las décadas, diversas organizaciones y ciudadanos han conformado grupos de veeduría, cuyo propósito principal es observar, evaluar y hacer seguimiento a la gestión pública.

La conformación de la veeduría Todos por Medellín, “nace el 25 de agosto de 2020 como una Asociación sin ánimo de lucro, constituida por 38 miembros, entre personas naturales y organizaciones, con intereses comunes, que busca promover la participación ciudadana, cuidar el patrimonio público y generar conversaciones ciudadanas informadas que permitan opinar con argumentos y vigilar la gestión del conglomerado público del Municipio de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el corto, mediano y largo plazo” (tomado de https://todospormedellin.org/quienes-somos/)

De acuerdo con su manifiesto, este colectivo nace porque Medellín “está sacudida por una crisis política e institucional que amenaza con hacerla retroceder y arrebatarle sus más queridos valores. Se cierne una nube de intervención política sobre EPM... Se distancian, además, los actores sociales, debido a un irrespeto de las reglas de juego y de los pactos sociales construidos por décadas” (tomado de https://todospormedellin.org/manifiesto/).

Durante el gobierno local anterior, Todos por Medellín sufrió ataques y fue acusada de pertenecer a partidos políticos específicos, por parte de la administración pública. En este tiempo, mediante una labor juiciosa del ejercicio ciudadano independiente, Todos por Medellín, puso en conocimiento público problemas en el manejo de recursos, formas de actuar arbitrarias y contrarias a principios democráticos por parte del gobierno del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

La mejor prueba de que Todos por Medellín no es una iniciativa partidista, sino una veeduría cívica, es que ésta continúe con su trabajo transparente e independiente. Su valía se probará en la medida en que la vigilancia, a “corto, mediano y largo plazo”, continúe sin miramientos a que puede haber más o menos coincidencias con el Gobierno Distrital entrante. Para los habitantes de Medellín y el Valle de Aburrá es de gran importancia que iniciativas como estas se afiancen y que otras similares nazcan. El fortalecimiento democrático local depende de ello.

La palabra clave es el consenso. Con ella enfrentaremos...

Cuando el gobierno lo manejan personas que no respetan las...

Gustavo Petro cumple este año la mitad de su mandato, pero...

Como si fuera poco, leo más adelante una frase que me dan...

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Por Nicolás Loaiza Díaz - opinion@elcolombiano.com.co

En la percepción de muchos compatriotas, el ejercicio democrático parece estar limitado a la votación. No reconocemos que existen otras formas de ejercer el derecho y la responsabilidad de ser ciudadanos colombianos, que existen mecanismos de participación y control por fuera del ejercicio electoral y que el deber cívico implica buscar participar en alguno de estos mecanismos.

Las veedurías ciudadanas son uno de estos mecanismos, tienen sus raíces en la participación ciudadana y la vigilancia de los actos gubernamentales, en este sentido, son uno de los pilares del ejercicio democrático. Su origen se remonta a diversas iniciativas y movimientos sociales que buscaban involucrar a la sociedad civil en la supervisión de la gestión pública y la transparencia en los procesos gubernamentales.

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