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Por Luis Eduardo Martínez G.* - opinion@elcolombiano.com.co

En Colombia, los recientes bombardeos contra grupos armados ilegales ponen sobre la mesa un debate que algunos intentan simplificar, pero que en realidad está revestido de un profundo tinte político: ¿cómo defender a la ciudadanía y garantizar el orden constitucional cuando los grupos criminales utilizan a nuestros niños y adolescentes como instrumentos de guerra?

La discusión no es nueva, pero sí urgente. ¿Hasta qué punto el Estado puede usar la fuerza legítima cuando del otro lado hay organizaciones que reclutan, adoctrinan, anulan la dignidad y exponen a menores de edad, deliberadamente, a la muerte? La respuesta exige claridad política y sentido de Estado.

Pretender que Colombia renuncie a estas operaciones militares equivaldría a aceptar que el crimen tiene la potencialidad de crecer sin límites y sin........

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