Fernanda García

La crónica sobre las sucesivas tomas y desalojos de espacios públicos en la comuna de Santiago sigue sumando episodios. En el más reciente, el pasado jueves, se procedió al desalojo de una veintena de personas de la ladera del Cerro Santa Lucía que da hacia el barrio Lastarria. Tal como ha ocurrido antes en diversos puntos del centro de la capital (Alameda, Bellas Artes, Meiggs, túneles y casonas), el lugar estaba invadido por carpas y colchones, y habitado por personas de manera permanente.

En estos casos, los primeros y principales afectados son los vecinos, quienes denuncian el problema y claman a la autoridad por “ayuda”. Las tomas actúan como núcleos de desgobierno e impunidad, y a partir de ellas se altera gravemente la vida de comunidades completas. Aumento de la delincuencia, destrucción del espacio común y de su potencialidad turística, recreativa y cultural, perjuicio (a veces irreversible) del comercio y de la calidad de vida de los residentes, son sus efectos más conocidos.

“Así como la llamada ‘puerta giratoria’ ha deslegitimado la confianza ciudadana en la justicia penal, las sucesivas tomas y desalojos en Santiago destruyen la convicción compartida de que la autoridad municipal tiene un deber de proteger la propiedad privada”.

Sin embargo, existe otro efecto que se sigue de las tomas: el constante devenir de tomas, desalojos, y reincidencias (porque tras ser desalojados los lugares suelen ser reocupados tras un corto período) destruye el respeto por el derecho de propiedad y por la conciencia colectiva sobre el deber del Estado de resguardarlo con decisión. Así como la llamada “puerta giratoria” ha deslegitimado la confianza ciudadana en la justicia penal, las sucesivas tomas y desalojos en Santiago, de manera lenta y silenciosa, destruyen la convicción compartida de que la autoridad, en este caso, el Municipio de Santiago, tiene un deber de proteger la propiedad privada (lo que incluye su uso, goce y disposición pacífica).

Cuando desaloja, el Municipio de Santiago no “ayuda” a los vecinos, solamente cumple su deber. Y si tolera o consiente que la lógica de tomas y desalojos se normalice, derechamente incumple su deber gravemente. Este deber no consiste en limitarse a gestionar o administrar un sistema de tomas y desalojos, sino en diagnosticar la causa del problema y darle una solución de fondo.

Eso claro, en el evento de que la autoridad municipal considere que normalizar la dinámica toma/desalojo es algo indeseable. Por el contrario, si la autoridad considera que la propiedad privada es un mal, no es de extrañar que tolere o aun intencione la normalización de esta dinámica. La alcaldesa Irací Hassler y parte importante de su equipo son, a fin de cuentas, militantes comunistas. Y aquí no debemos perdernos. Como expresó Lautaro Carmona en el contexto de la tramitación de la Ley de Usurpaciones, al criticar la atribución estatal del desalojo por la fuerza, “es un tema muy grave, muy serio (…) [que] desconoce que muchas zonas de la vida organizada de la sociedad están construidas en base a tomas de terrenos que han sido impecables”. Para pensar.