Creo que fue el martes cuando la asociación de empresarios de energías renovables puso en marcha una estrategia para ayudar a ayuntamientos y juntas vecinales a acelerar la cosa de sus instalaciones. El documento es, según sus propias palabras, un código de buenas prácticas. Ya me imagino que a usted le llama la atención. A mí también. Creía —sé— que las instituciones no necesitan códigos de práctica alguna. Tienen la ley, que es la norma con la que han de regirse y que los secretarios cumplen con exquisitez, como no podría ser de otra manera. ¿A qué se refieren entonces estos señores? León, no lo olviden, es la provincia de España con más juntas vecinales, administraciones seminales que están perdiendo el miedo a defender sus intereses, a no dejarse arrebatar la poca riqueza que dejan al noroeste. Merced a la despoblación, atesoran hectáreas de territorio virgen que ahora quieren desfalcar por nuestro propio bien. Muchas de estas pedanías, sin embargo, carecen del necesario soporte de gestión que rinda cuentas en tiempo y forma a causa de la falta de funcionarios. El papel lo tendría que hacer la Diputación, el SAM, pero hasta ahora ha sido más fácil repartir calderilla para seguir alumbrando el pesebre. Es lo que hay. Y es aquí cuando aparecen las buenas prácticas.

Ayer mismo, Asaja pedía a los alcaldes que trataran a los representantes de las empresas eólicas y fotovoltaicas como a un ciudadano más: «No le den un trato de favor a la hora de resolver sus expedientes, y no se dejen amedrentar con amenazas»...

De seguir así, toda la riqueza medioambiental con la que cuenta León se sumirá bajo las hélices de gigantes al calor de las subvenciones europeas. De seguir así, en esta gran mentira envuelta en celofán y decorada con el lazo de las buenas intenciones, la provincia acabará arrodillada bajo las púas y las placas fotovoltaicas cuya ineficiencia ya está fuera de toda duda. Tenemos práctica en eso del decrecimiento y sabemos que, al final, las minas sólo dejan territorios minados.