En fechas recientes, ha tomado cuerpo en los medios de prensa y en ciertos análisis académicos sobre coyunturas políticas, la figura de Gustavo Petro, el primer candidato propuesto por fuerzas de izquierda cuya trayectoria política, avalada con amplio respaldo popular, le posibilitó que ocupara la presidencia de Colombia, en agosto de 2022. Hace pocos días, Cubasí publicó un interesante y oportuno artículo del colega Arnaldo Musa, titulado Otro intento golpista contra Petro, dando cuenta, de forma minuciosa, del estado actual de la descalificadora arremetida propagandística de que es objeto.
Aún no han pasado dos años de aquella victoria electoral --acontecimiento inédito en la historia de los procesos electorales en ese país--, cuya resonancia aún palpita, para bien y para mal. Por una parte, se aprecian expresiones de optimismo, que reflejan la esperanza en la posibilidad de un cambio, que pondría fin a una tradición gubernamental de derecha y centro-derecha, palpable en las ya más de dos décadas transcurridas en el presente siglo, favorecedora de un neoliberalismo que profundizó la enorme brecha de desigualdad y los escenarios de violencia desbordada e ingobernabilidad. Por otra, se registra una ofensiva reaccionaria, articulada entre los sectores oligárquicos internos y la habitual política desestabilizadora que Estados Unidos promueve contra todo gobierno, partido o movimiento social que catalogue como adversario. De modo que la imagen del “otro” se construye consciente y sostenidamente, demonizándole, restándole legitimidad, presentándole como supuesto peligro para su seguridad nacional y más allá, continental. Así, una vez más, Estados Unidos no considera a América Latina como sujeto de su propia seguridad, sino como objeto de la seguridad norteamericana.
Ello ocurre en tiempos de guerra no convencional, con el consiguiente acompañamiento de una sofisticada línea de agresión ideológica y psicológica, propiciadora del descrédito de la imagen de los liderazgos que el imperialismo procura debilitar y expulsar del gobierno de que se trate. Las fórmulas y las denominaciones que adopta esa guerra son variadas y apuntan a distintos ángulos, pero en esencia, la define la hibridez, o sea, la combinación de medios y métodos, intentando evitar el formato de las acciones militares directas y de los golpes de Estado convencionales. La etiqueta utilizada ahora es la de “golpe suave” o “blando”, al estilo del que se aplicó contra Manuel Zelaya en Honduras, en el año 2009, que le sacó de la presidencia y del país con una fachada “democrática”. De alguna manera, ahí comenzó la receta, bajo la Administración de Barack Obama, que perdura, instrumentada a través del poder legislativo o el judicial, según el caso, que se reiteró en Paraguay, contra Fernando Lugo.
Sin desconocer la significación de lo que sucede hoy con el actual presidente colombiano, no está de más retener antecedentes, ya que lo fundamental es concientizar que se trata de una práctica sabiamente pensada e implementada por el imperialismo, ante la cual no sobran los llamados de alerta. La memoria y la historia siempre son útiles herramientas, sobre todo, cuando de las artimañas que los gobiernos de Estados Unidos emplean para subvertir procesos legítimos, como los mencionados, encabezados por presidentes electos mediante voto en las urnas, que fueron resultado, por tanto, de las reglas de la democracia liberal burguesa representativa, de la cual dicho país se considera el mejor exponente. Cuando se sigue esa pista, al mirar atrás, lo que queda claro es que cuando el imperio enfrenta los peligros aludidos o, al menos, parte de esa percepción, aunque no concuerde con lo real, contraataca. Las modalidades e instrumentos que viabilizan esa reacción varía según las épocas. En ocasiones, ha prevalecido la argucia, la acción enmascarada o encubierta. Otras veces, ha sido desembozada. Otro tanto ocurre con la proporción en que se mezclan la sutileza o apariencia de “suavidad” con la dureza, incluida a veces el uso de la fuerza militar.
Percepciones como las citadas fueron las que condujeron a lo que se bautizó como la contraofensiva imperialista implicada en los citados golpes de nuevo tipo, en Honduras y Paraguay. El contexto reflejaba entonces un ascenso de la espiral emancipadora, progresista, con expresiones revolucionarias en algunos casos, que comenzó a gestarse desde la victoria electoral de Hugo Chávez en Venezuela, finalizando el siglo pasado, a lo que se sumarían los procesos que protagonizaran Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. A partir del despliegue de la Revolución Bolivariana, la Ciudadana y la Democrático-Cultural, respectivamente, Estados Unidos reconsideró la funcionalidad y efectividad de su estrategia regional. A pesar de la hostilidad del gobierno de George W. Bush, lo cierto fue que la referida espiral siguió su curso y que no pudo revertirla, aunque su retórica conservadora y su decidido quehacer en política exterior, que dio lugar a lo que se llamó la “doctrina Bush” no fue capaz de revertir tales procesos. La manera en que con Obama el imperialismo remozó su arsenal intervencionista, logró lo que no se consiguió con su antecesor. Así, se redefine la estrategia dirigida al cambio de régimen y comienza, aproximadamente en torno al año 2015, a cambiar la marea en América Latina. La ola o ciclo progresista tropieza, desde entonces, con las variantes de lo que se conoce, desde hace un tiempo, como el lawfare y las fakenews. Las que, precisamente, se aplican al caso de Petro, en el presente, con creciente coherencia, organicidad, profundidad.
Aunque esos términos, de seguro, le resultan más que familiares al lector, habida cuenta de su frecuente mención a través de la prensa, convendría, siquiera muy brevemente, una referencia puntual a ellos. Ambos conceptos son importados del mundo anglosajón, o sea, provienen del idioma inglés. El primero se construye con las palabras law (ley) y warfare (guerra), y se utiliza para denotar la idea de persecución judicial, basada en intereses espurios y no en el campo de las leyes, o para destacar la instrumentalización de la justicia, más conocida como “judicialización de la política”. Aunque la traducción literal sería la de guerra legal, se trata de lo que comúnmente se designa como “guerra sucia desde los tribunales”, con la intención de desacreditar, criminalizar o destruir la imagen pública de una figura relevante en las disputas electorales o de poder. El segundo, significa noticia falsa. Se refiere a aquellas expresiones, afirmaciones o argumentos, dirigidas a la desinformación y el engaño, lo cual complementa lo anterior. En los dos casos, no se trata de acciones aisladas, sino desarrolladas a partir de una elaborada operación ideológica, con fines subversivos, que se relacionan con la actividad encaminada al cambio de régimen. De modo, que forman parte de la estrategia imperialista actual, que se ha enriquecido mediante el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, con su mejor expresión en las redes sociales digitales.
Como parte de esa estrategia, que, como puede verse, no es novedosa --en la cual la política norteamericana posee amplia experiencia, y ha cosechado éxitos notables a lo largo de la historia, apelando a la calumnia, la difamación, la fabricación de pretextos o situaciones artificiales, la creación de estereotipos, basados en falsas percepciones de amenaza, inducidas y difundidas de modo ingenioso y convincente--, se propician escándalos mediáticos y acciones en el campo de la sociedad civil, conducentes a protestas, desobediencia civil, fomentando la oposición política, todo ello sobre la base del fomento y establecimiento de un clima de cuestionamiento y rechazo a las figuras fundamentales, que encarnen la dirección del gobierno y del Estado. El expediente utilizado incluye el desprestigio del proceso de cambio que se lleve a cabo, reformista o revolucionario, la promoción de una crisis de credibilidad en torno al proyecto de nación que se impulse, la desconfianza en la agenda, los propósitos, el lenguaje que utilicen el presidente. los principales ministros y el que sostenga las políticas públicas, de beneficio popular.
Los medios de comunicación, tradicionales y novedosos --junto a círculos intelectuales con influencia en los estados de opinión, en ocasiones apoyados por determinadas instituciones religiosas, culturales y académicas--, se hacen eco de esas campañas propagandísticas, generadas en la mayor parte de los casos en el ámbito político-partidista opositor, contribuyendo activamente a configurar consensos y a incentivar estados de ánimo en la población, que llegan a alcanzar capacidad una capacidad de convocatoria nacional de tal magnitud, que pueden conducir al desalojo de las posiciones que ocupan autoridades gubernamentales y líderes partidistas, al deterioro de la unidad interna en la nación implicada y a la quiebra del proyecto que esta última simbolice.
En el pasado reciente, los mejores o más gráficos ejemplos del contraataque del imperialismo y sus acólitos oligárquicos en América Latina podrían localizarse en Brasil, cuando las fuerzas de derecha en este país articulan la ofensiva contra el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) y su principal figura, Luis Inácio Lula da Silva, y contra la presidenta Dilma Rousseff. Los argumentos utilizados para desacreditar a ambos líderes se estructurarían alrededor de temas que desde el punto de vista ético, moral y cultural permitían manipular a la opinión pública, fertilizando un ambiente nocivo, en el que floreciera el objeto de denigrar sus figuras. La ulterior embestida legal y mediática contra Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina, se inscribe también en ese expediente, al igual que el montaje desestabilizador contra Pedro Castillo, en Perú. Con especificidades en los pasos dados, el modelo subversivo fue más o menos el mismo: el poder judicial protagonizó el contraataque contra liderazgos progresistas, en contubernio con el legislativo y el auxilio del mediático, como magnificador de las denuncias o acusaciones. En el retablo instalado contra el presidente colombiano, como siguiendo el guion de una misma representación teatral, ante la arremetida de la fiscalía, que le emplaza por una supuesta presunta financiación ilegal de su campaña electoral, Petro ha alertado que la derecha intenta provocar una ruptura institucional, logrando una favorable respuesta popular, con movilizaciones de apoyo.
En ese contexto es que asuntos como el de la corrupción, la vinculación con el narcotráfico, el cuestionamiento a la integridad personal y cívica, o el ataque mediático a familiares, ganan espacios, creando confusión, dejando a un lado la estrategia que, habitualmente, se basaba en debilitar la agenda política, el plan de desarrollo, el proyecto de nación, que promovía el adversario. La perversión imperialista, imbricada con las fuerzas de derechas locales, acudía a temas sensibles para la familia y la cultura latinoamericana. Como se sabe, cuando se manejan asuntos que rozan la imagen moral de los políticos, mezclándose acusaciones o chivos expiatorios (“cabezas de turco”), que esgrimen razones y presentan “pruebas o evidencias” relacionadas con conductas impropias, la comunicación política se contamina de tal modo que la propaganda adquiere una funcionalidad inusitada.
Así, el desvío de recursos públicos, la malversación, el nexo con la pornografía, la violencia policial, la prostitución de menores, la homosexualidad, el consumo de drogas o su tráfico, el lavado de dinero, el comercio de órganos, se convierten en temas articuladores, por excelencia, en el terreno del lawfare y las fakenews. La veracidad de lo que se dice se torna secundario a la hora de demandar encarcelamientos. impugnaciones, juicios políticos. Las asociaciones profesionales y cámaras de comercio conjugan esfuerzos junto a partidos políticos, organizaciones sindicales, y movimientos sociales de derecha, en su amplia diversidad de matices, como centro o extrema, en alianza, a menudo, con entidades religiosas. El mayor énfasis de esta escalada de acciones se registra en coyunturas electorales, cuando la meta es descartar la competencia, debilitando figuras con posiciones de izquierda que gozan de simpatía popular, especialmente de cara a las contiendas presidenciales. Ese sería el esquema subversivo aplicado, sin renunciar a su combinación con la guerra económica y psicológica, sobre todo en casos como los de Venezuela, Bolivia y Ecuador, donde se impulsaron los procesos de cambio más radical, identificados con, o cercanos a, el socialismo como horizonte, y vinculados a la Revolución Cubana, aunque también, con menor intensidad, en otros, como los de Argentina y Brasil donde, con mayor moderación, también se llevaban a cabo proyectos con diversos márgenes de autonomía respecto al imperialismo y el capital transnacional, con amplio apoyo en los sectores populares.
El papel del aparato judicial, ya se indicaba, se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde desplegar, casi sin limitaciones, actividades de desestabilización y persecución política, operando bajo un manto perverso de institucionalidad. Es una práctica que ha demostrado la eficiencia imperialista en el camino de deslegitimar y perseguir a figuras políticas populares opuestas a sus intereses. En ese sentido, se ha trabajado, con el decisivo concurso o complicidad de los actores oligárquicos locales, con frecuencia superpuestos con entidades transnacionales, en la reorganización del aparato judicial. Es decir, las élites con el control del aparato del Estado colocan en espacios o posiciones clave a personal considerado “técnico” o “profesional” (abogados, jueces, fiscales), vinculado al poder de turno, desde donde se ataca al adversario político, erosionado su influencia y restándole base de sustentación electoral y credibilidad.
A la par, los medios de comunicación, lo cual también ya se indicó, han adquirido un papel determinante en la manipulación informativo-noticiosa y en los análisis sobre circunstancias y procesos fundamentales en la vida nacional, distorsionando imágenes, creando “realidades” en torno a lo cual se definen consensos decisivos. Entre otros ejemplos recientes, podría añadirse al de Gustavo Petro, el del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quién ha insistido en que se halla en curso una guerra mediática contra su gobierno, y ha advertido a la población acerca de que, si bien no se enfrenta una amenaza golpista –al estilo convencional--, se es objeto de una guerra sucia, a partir de estrategias mediáticas protagonizadas por grupos de intereses corporativos, empresariales y políticos, junto a grandes cadenas de radio, la mayoría de los periódicos, que comparten desde la derecha criterios descalificadores con analistas y comentaristas conocidos de la televisión. El caso de AMLO, como se le suele llamar, se asemeja al de Petro, en el sentido de que fue el primer candidato impulsado por la izquierda que, en la historia mexicana, al menos en la de los últimos cincuenta años, arribó a la presidencia, siendo hostigado y satanizado desde que se proyectaba en la campaña de 2012, en la que fue derrotado, y de nuevo en la de 2018, de la que resultó vencedor. Si alguien conoce de cerca el lawfare y las fakenews, aunque en esas fechas no se hablaba de ello, es él.
Podría agregarse, para finalizar estas reflexiones, que la estrategia descrita responde no sólo a la manera en que esta o aquella Administración norteamericana, demócrata o republicana, liberal o conservadora, sus ideólogos o funcionarios, valoran y deciden las direcciones de su política exterior o las manifiestan mediante discursos, declaraciones o documentos, sino que cuenta con puntos de apoyo importantes, podría decirse que permanentes, comprometidos con los intereses del sistema, por encima del de los gobiernos y los presidentes, que son pasajeros, transitorios o temporales.
Esa trascendente Razón de Estado (raison d´Etat), se beneficia del quehacer de intelectuales orgánicos, identificados con los mitos y valores inherentes al hegemonismo de Estados Unidos desde vieja data, en su pretensión de situarse al frente del liderazgo y la dominación internacional. En ese sentido, el rol de los centros de pensamiento, de los llamados think-tanks (tanques pensantes) ha sido, y es, fundamental. La embestida no solo ha sido contra los liderazgos de los procesos atacados, sino contra el sistema vigente en los países involucrados, yendo más allá, incluso, del gobierno que representen. Ese fue el caso de la agresión y deslegitimación sistemática contra el socialismo en Europa, primero, y luego contra la Revolución Cubana.
Un ágil recorrido obliga a señalar que, tan temprano como en 1919, apenas dos años después de que triunfa la primera revolución socialista, la rusa, en 1917, se creó en Estados Unidos la Hoover Institution (cuyo nombre completo es Hoover Institution on War, Revolution and Peace). Con un sello conservador, investiga temas de política pública, principalmente exterior, focalizados en las revoluciones, la paz y la guerra, y promueve la libertad individual y económica, la libre empresa, estableciendo límites al papel del gobierno, apostando por el mundo privado, del cual recibe su financiamiento. Ubicada en Stanford, California, toma su nombre del apellido de su fundador, Herbert Hoover, quién se había graduado de la universidad de esa ciudad, antes de convertirse en presidente. Desde ese tiempo, Estados Unidos contaba con diagnósticos sobre la recién nacida Unión Soviética y luego de la Segunda Guerra Mundial, acerca del sistema socialista europeo. Fue el bastión inicial del estudio del mundo del “otro”. De lo que luego se denominó sovietología y comunismología.
No debe omitirse la referencia al American Enterprise Institute (AEI), surgido en 1943, por iniciativa privada, en plena Segunda Guerra Mundial, y dedicado a explícitamente a preservar y fortalecer los fundamentos de la libertad, en el sentido del pensamiento burgués clásico, es decir, a la defensa de gobiernos poco intervencionistas en la esfera social y económica, consecuente con la reducción de impuestos, la máxima libertad de empresa, la defensa de la acción privada, una fuerte defensa nacional y fuerte política exterior. Los estudios sobre el socialismo fueron priorizados, atendiendo a países como la Unión Soviética, Polonia y Checoslovaquia, cuyos resultados fueron utilizados en el diseño del accionar subversivo.
Otra mención oportuna es a la RAND Corporation (Research And Development), probablemente mucho más conocida que la anterior, creada en 1948, en Santa Mónica, California, autodefinida como una organización sin ánimo de lucro, cual laboratorio de ideas ocupado en cuestiones de investigación-desarrollo. financiada mayormente por los Departamento de Defensa y Seguridad Nacional, aunque recibe soportes de donantes privados. Se enfoca principalmente en temas de defensa y relaciones internacionales. Toma su nombre de los Cato's Letters, ensayos histórico-literarios que aportaron al fundamento filosófico de la Revolución de Independencia, cuyo eje eran las ideas sobre la libertad de expresión y acción en una sociedad libre, decisivas en la imagen de Estados Unidos como tierra prometida, paradigma de democracia y libertad. De acuerdo con esta línea de trabajo, las investigaciones sobre los mencionados países socialistas europeos estuvieron siempre entre las prioridades. Las contribuciones de este centro, así como el de los nombrados anteriormente, jugaron un rol importante en la construcción de la imagen estereotipada de dichos, que les presentaba como violadores sistemáticos de los derechos humanos, antidemocráticos, totalitarios, dictatoriales.
Probablemente, el más conocido de todos sea el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, que nace a finales del decenio de 1990, como un poderoso centro de pensamiento, establecido en Washington D.C con patrocinio bipartidista, de republicanos y demócratas, del grupo de presión o lobby judío, proisraelí, y otros grupos de poder financiero, con influencias en Wall Street, los medios de comunicación y el complejo militar-industrial. Fundado en el año 1997 con el objetivo fundamental de mantener e impulsar por todos los medios disponibles la hegemonía y el liderazgo militar, político y económico de los Estados Unidos y sus aliados en el mundo, proporcionó caracterizaciones y recomendaciones sobre la situación mundial, en función del asesoramiento a la política exterior y al posicionamiento hegemónico norteamericano.
Así, desde los tiempos que abarcan las dos posguerras mundiales, Estados Unidos dispone de nutrientes que deslegitiman a todo aquello que constituye (o se asocia) al “otro”. Por eso, ante los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el presidente W. Bush acudió a la frase, “conmigo o contra mí”, al exhortar al respaldo mundial a Estados Unidos., ante las agresiones del “otro”, definido como el enemigo. Petro y AMLO hoy, ayer Chávez, Correa y Evo, junto al liderazgo revolucionario cubano, encajan en ese patrón. Drogas, corrupción dictadura, irrespeto a los derechos humanos y negación de la democracia. Esos son los temas. Los países que son objeto del contraataque del imperio se califican como “Estados Fallidos”. Pero ese es otro asunto, que requerirá atención más adelante.
*Investigador y profesor universitario.
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