Desde hace un par de semanas, quien está informado de la actualidad política (o simplemente quien ha visto un telediario a la hora de comer) no ha parado de recibir noticias sobre el panorama nacional: un –otro– desahucio con consecuencias fatales, una acampada, unos decretos, unas elecciones y, ahora, una huelga general.

En las últimas semanas hemos podido comprobar, una vez más, la capacidad de la lucha colectiva para ejercer presión política; capacidad que aumenta cuando la movilización está articulada por organizaciones cuyo objetivo es, precisamente, defender los intereses de quienes forman parte de la clase obrera. El trabajo del Sindicato de Inquilinas durante estos meses ha sido encomiable, al igual que el de tantas asociaciones quizá más pequeñas y menos mediáticas, pero igualmente presentes en sus territorios: la PAH de Vallekas, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel (SVC), el Sindicat d'Habitatge de València o el Sindicat de Llogateres de Catalunya, entre muchas otras. La capacidad de movilización de la acampada de Sol no puede entenderse únicamente a partir de la convocatoria concreta: detrás de ella existe un trabajo organizativo previo, con portavocías preparadas, mensajes claros ante los medios, grandes plataformas de difusión en redes sociales y, sobre todo, recursos humanos y materiales capaces de convertir una reivindicación en una acción colectiva.

Si queremos echar un vistazo al estado del sindicalismo en España, nos podemos nutrir de diferentes fuentes, bien de estadísticas oficiales (como las de la OCDE) o bien de las opiniones declaradas de la ciudadanía (en grandes instituciones como la de la Encuesta Social Europea o el CIS en España). Aquí seguiremos la estimación de Eckle (2025)1, basada en el European Social Survey de 2023, donde el 16,1% de los trabajadores y trabajadoras españolas de entre 16 y 65 años declaraba pertenecer a un sindicato; siendo esta cifra superior a la estimación de la OCDE, que sitúa la densidad sindical española en el 12,5% en 2023. En cualquier caso, el dato de Eckle sitúa a España en una posición intermedia entre los países europeos analizados y no constituye una anomalía en el contexto internacional. De hecho, la pérdida de peso del sindicalismo es una tendencia que afecta a buena parte de Europa: entre 2016 y 2023, la densidad sindical descendió en casi todos los países incluidos en el estudio.

Aquí aparece una primera cuestión relevante: el problema del sindicalismo no radica en la pérdida de afiliados/as, sino en que tiene dificultades para organizar a las nuevas categorías de trabajadores que han ido ganando peso en el mercado laboral. En España, además, la imagen es algo más compleja: en términos absolutos, había en 2023 más afiliados........

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