Corregir los desequilibrios de la economía boliviana exige decisiones difíciles. La escasez de divisas, las restricciones fiscales y la pérdida de poder adquisitivo obligan al Gobierno a actuar. Pero una política de ajuste no se evalúa únicamente por la dureza de las medidas que anuncia, sino por su coherencia, sus resultados y la distribución de sus costos. La pregunta central es inevitable: ¿quién está pagando la factura y qué sacrificios asume el propio Estado?

El precio del diésel pasó de Bs 3,74 por litro en septiembre de 2025 a Bs 17,95 en octubre de 2026. El aumento de Bs 14,21 equivale al 380,2%. No es una variación menor: el combustible interviene en el transporte, la agricultura, la construcción, la minería y la distribución de mercancías. Cuando sube un insumo transversal, sus efectos recorren las cadenas productivas hasta llegar a los precios que pagan los hogares.

El transporte de pasajeros urbano, interprovincial e interdepartamental soporta una presión especialmente intensa. Al combustible más caro se suman repuestos, autopartes, neumáticos, lubricantes y reparaciones, cuyos precios también pueden verse afectados por tipo de cambio del dolar. Los operadores afrontan mayores costos por viaje mientras algunos usuarios reducen sus desplazamientos. El resultado es una creciente presión para aumentar tarifas, menor rentabilidad y reducción de frecuencias, con consecuencias para transportistas y pasajeros.

La actividad agropecuaria tampoco queda al margen. El costo de una hora de tractor........

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