Mientras otras propuestas presupuestarias generan debate inmediato y amplia atención pública, los programas destinados a estudiantes excluidos suelen quedar fuera de la discusión mediática. Cuando una política carece de visibilidad, también pierde capacidad de defensa y queda más expuesta a recortes.

Las decisiones presupuestarias rara vez se presentan como lo que realmente son, decisiones políticas que definen qué derechos se garantizan y a quiénes se protege. Se envuelven en el lenguaje de la austeridad, la eficiencia y la inevitabilidad técnica, pero detrás de cada recorte opera una jerarquía que determina quiénes permanecen dentro y quiénes, una vez más, son excluidos. En educación, esa jerarquía tiene nombre e historia.

En Chile, el Oficio Circular n°16 del Ministerio de Hacienda contempla, entre sus ajustes para la formulación presupuestaria 2027, el eventual recorte al Programa de Reinserción Escolar. El monto en juego —$1.816.979— no es una línea más del presupuesto: es la única respuesta institucional que existe para miles de niños, niñas y jóvenes que ya fueron expulsados del sistema educativo. Recortar este programa no es un ajuste técnico. Es una decisión sobre qué vidas el Estado considera prioritario sostener.

Los datos del propio Ministerio de Educación lo confirman. Un reporte del Centro de Estudios del Mineduc publicado en 2025 muestra que en 2024 la tasa de........

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