Los abusos relacionados con el Mundial de Qatar 2022 parecía que habían marcado una frontera para que los organismos deportivos, antes de adjudicar estos eventos, dieran la titularidad a los derechos humanos y no los relegaran, una vez más, al banquillo o a la grada.

Hace ya casi un año que Messi levantó el trofeo que coronó a Argentina como campeona del mundo. Lo hizo envuelto en un bisht, una capa larga árabe que se usa en ocasiones especiales. Este Mundial también estuvo envuelto en algo que, por desgracia, es menos festivo: la explotación laboral de quienes construyeron los estadios y trabajaron en ellos y otras violaciones de derechos humanos.

Hoy casi nadie recuerda que miles de trabajadores migrantes perdieron su dinero, su salud e incluso su vida para que los mejores futbolistas nos regalaran una de las mejores finales de la historia. Gracias a la presión internacional, FIFA se comprometió a aplicar una política de derechos humanos para impedir que se repitan estos abusos. Pero, en un giro de guion que ya a nadie pilla por sorpresa, han anunciado que Arabia Saudí (país que acoge la Supercopa española y que patrocina LaLiga) opta a albergar el Mundial de 2034. Si alguien piensa que Amnistía Internacional está en contra de la celebración de este Mundial, se equivoca. Nos gusta jugar todos los partidos y creemos que éste debe ser una oportunidad para dar minutos a quienes no los tienen por sus ideas, género u orientación sexual.

Hay tiempo para que FIFA trabaje con Arabia Saudí pero hoy es complicado suponer que la situación en este país sea compatible con la política de derechos humanos de FIFA. Las mujeres son tratadas como ciudadanas de segunda –incluso encarceladas por reclamar sus derechos, como Salma al Shehab– y centenares de ejecuciones y condenas a muerte cada año –como la impuesta a Mohammad al Ghamdi por tuitear–, no son el mejor ejemplo de un país que ha contratado a estrellas como Benzema, Neymar o Cristiano Ronaldo para su competición doméstica, y que en los últimos años se está alzando con otro trofeo: el campeón del sportswashing o blanqueo deportivo. Es decir, la estrategia mediante la cual las autoridades buscan limpiar su oscura imagen, sobre todo fuera de sus fronteras, a través del deporte.

FIFA ingresó más de 7.500 millones de dólares con el Mundial de Qatar. Prometió una revisión de las medidas que debía tomar en el futuro para conceder la organización de estos eventos. En sus planes, seguramente está ingresar aún más dinero. Lo que no está tan claro son sus planes sobre derechos humanos. Queda mucho para que el balón ruede en Arabia Saudí pero ahora, más de diez años antes del partido inaugural, FIFA puede haberse marcado un gol en propia puerta.

Autor: Carlos de las Heras, responsable de deporte y derechos humanos en Amnistía Internacional España.

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