Miraflores respira bajo una tutela que nadie nombra, pero que en medio de su peor humillación todos tragan. Desde que Trump trasladó a Nicolás Maduro a la celda federal de Nueva York acusándolo de narcoterrorismo, Washington no sólo tomó por asalto un prisionero, sino también heredó un país sumido en una de sus peores crisis desde su existencia como República.

La Casa Blanca nunca reconoció al presidente encarcelado, pero tampoco pretende el relevo constitucional con el mismo afán que tenemos los venezolanos y las fuerzas democráticas de la oposición. Washington hasta ahora ha preferido instalar una gerencia interina que opera desde el Palacio de Miraflores con el visto bueno del Departamento de Estado y la supervisión petrolera de Exxon y Chevron.

El dilema jurídico es tan grotesco como revelador. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) ordena declarar la falta absoluta del presidente cuando la ausencia supera los noventa días. Y esos días ya pasaron. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, ese mismo que durante años blindó al chavismo, ahora inventa una "falta forzada" para no convocar elecciones. Pretenden prolongar el statu quo tutelado mientras los verdaderos dueños del poder no decidan.

Edmundo González Urrutia, el exembajador que ganó las elecciones del 28 de julio de 2024 según los datos que la dictadura de Maduro nunca pudo ocultar, lleva meses denunciando el fraude. Desde su exilio en Madrid, repite: "No hay falta forzada que valga. Lo que corresponde es una nueva elección limpia, y punto". Pero nadie en Washington hace fuerza por esa convocatoria.

La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel ha cerrado el estrecho de Ormuz, y los barcos petroleros que antes surcaban el Golfo Pérsico ahora navegan sin escolta hacia el Caribe. Venezuela se convierte en el pozo de reserva de Trump. Al presidente estadounidense "por ahora" poco le importa quién gobierne en Caracas, mientras los tanqueros carguen crudo sin riesgo.

En ese contexto, Delcy Rodríguez, ahora al frente del "gobierno encargado" designado por la embajada de EE. UU decretó una Amnistía para todos los opositores exiliados. La medida, presentada como un gesto de reconciliación, es en realidad una jugada impuesta por el tutelaje, pero si María Corina Machado y los demás líderes regresan, ya Jorge Rodriguez, ha amenazado con aplicarle la justicia por haber pedido auxilio al quien hoy les ha impuesto el tutelaje.

La mayoría de la oposición que permanece afuera, empezando por la propia Maria Corina Machado, se encuentra ante un dilema de hierro: quedarse en el exterior o volver, pero no volver y esperar a que algún día se acabe el tutelaje, porque correrían el riesgo de ser vistos como una oposición también tutelada por Trump, cuyo principal interés es que los buques salgan de Puerto La Cruz o por la boca del Lago de Maracaibo sin que un misil iraní los intercepte.

© Aporrea