La paradoja del perdón: Reconciliación con fórceps

El pasado 19 de febrero se promulgó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. El discurso oficial se ha desbordado en promesas de "reconciliación" y "paz social". Sin embargo, como ciudadano y académico afectado por el ostracismo, me veo obligado a preguntar: ¿De qué reconciliación hablamos cuando el Estado borra los delitos de quienes ejercieron la violencia política, pero mantiene la "muerte civil" de quienes simplemente hemos disentido desde la ética y la ley?

Mi caso es el espejo de una injusticia sistémica. En 2023, tras suscribir un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia exigiendo la restitución de los derechos laborales y el cumplimiento del Artículo 91 constitucional, fui blanco de una inhabilitación administrativa express. La excusa: un retraso administrativo menor en la Declaración Jurada de Patrimonio post-jubilación, un trámite debidamente subsanado pero utilizado como guillotina política. Hoy, con una sanción legalmente vencida desde julio de 2024, sigo inhabilitado de facto. ¿El pecado? Ser una voz de la izquierda disidente y no madurista que exige institucionalidad.

La asimetría jurídica: El foco en el delito vs. la persecución técnica

La trampa de esta Ley es de naturaleza técnica y moral. Mientras el texto se apresura a amnistiar delitos penales y hechos de calle, guarda un silencio cómplice sobre el terrorismo administrativo ejercido desde la Contraloría General de la República (CGR).

Bajo la gestión de Elvis Amoroso, las faltas........

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