“La libertad de expresión es legítimo limitarla cuando viola los derechos de otras personas o promueve el odio e incita a la discriminación y la violencia” Derecho Internacional
En esta primera semana del mes de abril de 2024, hay una noticia en Venezuela que mantiene expectante y muy preocupados a los sectores opositores más radicales y que forman parte de lo que se conoce como la ultraderecha “nacional”, cuando la Asamblea Nacional aprobó recientemente en primera discusión el proyecto de la llamada Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares.
Por supuesto que los sectores políticos más extremistas, que en los últimos 25 años no han dejado de tener una actitud conspirativa en contra del Estado venezolano y sus instituciones, alegan, de manera conveniente, que esa ley contra el fascismo, como también se le conoce, presenta una clara violación a la libertad de expresión y consideran que ese proyecto de ley es un instrumento para perseguir a los que piensan diferente.
Sin embargo, cuando recordamos que toda forma de libertad (expresión y pensamiento) tiene sus limitaciones por la responsabilidad individual sobre lo que hacemos, decimos y escribimos, lo cual debe estar circunscrito al respeto del derecho ajeno y que está claramente establecido en el artículo 57 constitucional al señalar que “quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado”.
Igualmente, está sucediendo con los militantes del odio, que se autocalifican como “escritores antimaduristas radicales” y que tienen invadida las redes sociales y los portales digitales, y que mantienen un compulsivo odio antichavista, cuando escriben todos los días en contra del Gobierno nacional y del presidente de la República, Nicolás Maduro, aprovechándose de la virtualidad para ocultar sus identidades, a pesar de que en el citado artículo 57 “no se permite el anonimato”.
Y en el Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares en su artículo 11 dice: “Los prestadores de servicio de radio, televisión, medios electrónicos y medios impresos, públicos, privados y comunitarios, así como las redes sociales, deben garantizar espacios libres de todo mensaje de índole fascista, neofascista o de similar naturaleza”.
Politólogo
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