El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Amnistía con la que Pedro Sánchez paga su investidura a delincuentes, golpistas y enemigos de la unidad de España y la Constitución. Lo que, al margen de las posibles consecuencias jurídicas y electorales que ello comporta -en vísperas de los comicios europeos del día 9 de junio-, constituye una aberración jurídica que conculca el Estado de Derecho por la flagrante desigualdad ante el conjunto de los españoles de la Ley y, en consecuencia, por la inconstitucionalidad de esta norma cuyo texto final fue redactado por delincuentes a los que beneficia.

Una ley desigual que solo beneficia a gobernantes y dirigentes catalanes que participaron en el golpe de Estado catalán de 2017 pero no al conjunto de los malversadores españoles que están imputados o han sido condenados por el mismo delito de malversación. O incluso de terrorismo, a tenor de lo que se está conociendo ahora en el llamado caso Tsunami.

Lo que el presidente Sánchez justifica diciendo que con ello se ha beneficiado la convivencia en Cataluña (y al PSC en las recientes elecciones catalanas), por más que rompe la concordia nacional y violenta los pilares fundamentales del Estado de Derecho en España. Hasta el punto de que todo esto pueda ser ‘legal’ y hasta ‘constitucional’ si el presidente del TC, Conde Pumpido y sus magistrados afines, convalidan la Ley una vez que haya pasado el tamiz de la UE.

Todo ello incluye la lectura añadida de que el sistema político español nacido de la Transición adolece de las garantías........

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