A raíz de que un jurado popular declarara culpable de homicidio a José Manuel Lomas, el librero jubilado que mató al hondureño que estaba robando en su finca, está teniendo lugar un acalorado debate sobre los límites de la legítima defensa. Para unos, el homicida es un héroe injustamente condenado; pero otros creen que merece volver a la cárcel —ya estuvo 9 meses en prisión preventiva— y pagar una indemnización de 236.000 €, pues recargó la escopeta después de haber disparado dos veces al ladrón.
Se hace mucho hincapié en que Nelson David Ramírez iba desarmado cuando saltó la valla; pero cuando Lomas lo sorprendió, llevaba la motosierra que acababa de robarle. ¿Quién nos dice que no iba a arrancarla y hacerle frente con ella? ¿Quién puede asegurar que no tenía intención de matar o hacer daño? Teniendo en cuenta que Nelson había sido militar, que tenía un extensísimo y variado currículum delictivo y que había pasado prácticamente todo el mes anterior en la Unidad Psiquiátrica del Hospital de Ciudad Real por un extraño intento de suicidio, me parece muy arriesgado —y muy arrogante— afirmar que era inofensivo. Por otra parte, eso de la desproporcionalidad, ¿sólo corre a favor del facineroso? ¿No cuentan las diferencias físicas? Nelson David tenía 35 años y José Manuel es un anciano enjuto con cataratas, detalle que ignoró ese fiscal que actúo como si Ciudad Real fuera Hollywood: no todos los días se tiene tanto público.
Imagino que quienes insisten en que Lomas debería haber llamado a la policía creen que los derechos nos protegen de cualquier agresión. O que basta una llamada al 112 para que las FCSE se materialicen por arte de magia en el lugar del crimen. Pero a José ya le habían robado muchas veces y sabía que sólo puedes contar contigo mismo. No hay un policía en cada esquina ni un Guardia Civil para cada finca y, además, ¿cómo van a defendernos si ni siquiera les permiten defenderse a sí mismos y trabajan con miedo a usar sus armas? Lo vimos en Barbate, donde segundos antes de que los narcos los arrollaran con la lancha, los guardias civiles sólo se atrevían a disparar al aire; y lo hemos vuelto a ver el pasado fin de semana en Valencia, donde unos policías nacionales recibieron una paliza a manos de criminales magrebíes.
Ese garantismo con los malhechores del que tanto alardea nuestra clase política ha convertido España en paraíso de delincuencia; y aunque al PP nunca le importó gran cosa, el PSOE parece particularmente interesado en legislar a favor de los maleantes (sólo sí es sí, amnistía, rebaja de las penas por malversación…) y en incumplir la ley: ¿qué hacía aquí un hondureño con más de 40 antecedentes penales? Si el Ministerio de Interior hubiera cumplido con su deber, Nelson no habría muerto en España y José Manuel Lomas no tendría que pagar por la incompetencia —o prevaricación—de Grande-Marlaska.
Durante la pandemia, las FCSE vigilaron que lleváramos la mascarilla calada hasta los ojos, registraron nuestras bolsas cuando volvíamos de la compra, impidieron que saliéramos del municipio e incluso enviaron un helicóptero para detener a un hombre que se saltó el confinamiento para tomar el sol en la playa. En mi pueblo, la policía local pasaba con las sirenas a todo trapo minutos antes de las 8 para que saliéramos al balcón a aplaudir. Abandonad toda esperanza, las FCSE no están para proteger a los remeros, sino para recaudar y ser los guardaespaldas del poder. A fin de cuentas, y como denuncia tantas veces Samuel Vázquez —presidente de Policía S.XXI—, los mandos no están ahí por sus méritos profesionales, sino que han sido puestos a dedo por su ovejuna lealtad al político de turno.
Nuestra sociedad ha cambiado mucho en los últimos años y ya ni en los pueblos podemos dejar las puertas abiertas; la inseguridad ciudadana ha aumentado y la delincuencia es mucho más violenta. El otro día, el abogado de la acusación particular dijo que José Lomas había matado a Nelson “como en el Antiguo Oeste”, pero es que así estamos: sin sheriff que nos ayude a defender el rancho. Nunca sabremos qué habría pasado si José hubiera acudido al 112; sin embargo, sí sabemos lo que le sucedió a la familia de Chiloeches cuando la madre llamó para decir: “Alguien ha entrado en mi casa”. Quizá si hubiera dicho que su marido la estaba llamando vacaburra, habrían mandado a un grupo de intervención rápida. Pero como fueron buenos ciudadanos, nadie acudió en su auxilio y a los ladrones les dio tiempo a matar al padre, a la madre y a la hija. José Manuel Lomas, por el contrario, sigue vivo.
Habría que redefinir la legítima defensa y adecuar el código penal a los tiempos actuales, pero nuestros gobernantes están a otra cosa. De modo que ya saben: si tienen una casa en las afueras y una escopeta, y no quieren problemas con la justicia, hagan como los gángsteres de las películas y compren un par de cerdos.
login
who are we?
contact us
qosheapp
Toi Staff
Gideon Levy
Belen Fernandez
Andrew Mitrovica
Mort Laitner
Rami G Khouri
Ali Fathollah-Nejad
Nikkei Editorial
visit website
