Un fantasma recorre Europa: el de la revuelta campesina. Los agricultores la UE se han movilizado en una santa cruzada contra las medidas fitosanitarias, medioambientales, laborales y fiscales impulsadas por la Comisión Europea, que dañan la rentabilidad y la capacidad competitiva de sus explotaciones. Tienen razón. En paralelo, denuncian la apertura del mercado del viejo continente a las importaciones agroalimentarias procedentes de terceros países no sujetos a la misma normativa impuesta a sus homólogos europeos y aquí no la tienen. Para entender los actuales problemas del agro continental es básico contemplarlos con luces largas.
Durante décadas, la Política Agraria Común (PAC) ha sido un mecanismo proteccionista que ha creado un mercado cautivo para los agricultores del Viejo Continente eliminando los incentivos para modernizar el sector primario. Así, por ejemplo, el 63,8% de las explotaciones tienen menos de cinco hectáreas. Ello impide aprovechar las economías de escala y el incremento de la productividad que se derivarían de un aumento de su tamaño. Esta es sólo una de las negativas consecuencias de la PAC y la casuística podría ampliarse mucho más.
Por otra parte, el proteccionismo agrícola ha producido y sigue produciendo una gigantesca transferencia de rentas de los contribuyentes y consumidores europeos a un sector que representa el 1,3% del PIB de la UE y el 4% del empleo total. La PAC no sólo absorbe un tercio del Presupuesto comunitario, sino se traduce en precios de los productos agroalimentarios consumidos por los ciudadanos superiores a los que existirían en un mercado abierto a la competencia. Ello supone una pésima asignación de los recursos, por definición, escasos, tiene efectos sociales regresivos.
Los agricultores europeos aceptaron el opio proteccionista con entusiasmo y eso no sólo les ha adormecido, sino que tiene un precio. Quien obtiene pingües beneficios de los favores públicos, tiene escasa autoridad moral para lamentarse cuando quienes se los otorgan adoptan medidas que les perjudican. Ahora, los agricultores pagan las consecuencias de la política de una Comisión Europea (CE), de unos eurócratas cuyos designios chocan de manera frontal con sus intereses. Los pactos fáusticos siempre terminan mal.
Dicho esto, su protesta ante las iniciativas de la CE y, en especial, hacia las dañinas implicaciones para el sector primario de su política climática son justas, lógicas y razonables. Son lesivas para aquél, pero, también lo son para el conjunto de la economía europea; en especial, para la industria, cuyo peso en el PIB y en el empleo de la UE es muy superior al de la agricultura. Sin embargo, la exigencia de imponer restricciones a las importaciones agroalimentarias procedentes de terceros países es muy discutible.
De entrada, los productores han de estar al servicio de los consumidores y no a la inversa. Y los segundos han de tener libertad para comprar los bienes que deseen o necesiten conforme a sus preferencias y su nivel de renta. La exigencia de estándares a las importaciones de productos agroalimentarios, fuera de los básicos para preservar la salud, carecen de justificación. Vedar a los consumidores el acceso a bienes menos costosos que los producidos en su país es un impuesto encubierto que reduce su renta disponible. Ello perjudica a todos, pero más a las familias con menores ingresos que son las que destinan un mayor porcentaje de su presupuesto a la alimentación.
En el caso de España, las voces de alarma ante las importaciones agroalimentarias venideras de estados situados fuera de la UE olvidan algunas cuestiones elementales. Para empezar, el grueso de las compras al exterior de ese tipo de productos, tanto en volumen como en valor, no provienen de países 'exóticos', sino de estados de la propia Unión Europea. Las procedentes del área denominada Euromed, Marruecos incluido, suponen alrededor del 2% del total en volumen y del 5% en valor. La Vieja Piel de Toro tiene una balanza comercial superavitaria en ese sector; es decir, no parece existir un problema de competitividad.
En términos agregados, el 83% de las compras al exterior de carácter agroalimentario son las siguientes: cereales; residuos de la industria alimentaria; semillas oleaginosas y plantas industriales; grasas y aceites animales y vegetales; legumbres y hortalizas sin conservar; azúcares y artículos de confitería, bebidas, crustáceos y moluscos. Esta es la realidad y es preciso tenerla en cuenta antes de formular propuestas demagógicas en busca de rédito electorales.
Eso sí imbuidos de sentido patriótico cabe reclamar la prohibición a la introducción de mayores aranceles o barreras no arancelarias en los productos agroalimentarios allende la UE e incluso volver a la autarquía, lo que daría aprovechamiento a los miles de silos vacíos existentes en España. Sin embargo, eso no supondría sólo una lesión, como se ha señalado, a los consumidores sino tendría efectos indeseados e indeseables.
España, por ejemplo, tiene un superávit comercial con Marruecos estructural. Esto genera miles de empleos aquí. Si se introducen aranceles a las importaciones agroalimentarias de ese país, la respuesta racional y esperable sería que los marroquíes introdujesen aranceles mucho más altos a las exportaciones españolas. Esta misma dinámica se produciría con los demás estados extracomunitarios si se hiciese algo similar con pérdidas de producción y empleo significativas para la economía española.
Una agricultura moderna y competitiva no se consigue con el proteccionismo y esto es una regla aplicable a otros sectores de la economía. Si el agro español quiere tener futuro ha de liberarse de sus “cadenas” y pedir libertad en vez de protección.
La revuelta campesina
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08.02.2024
Un fantasma recorre Europa: el de la revuelta campesina. Los agricultores la UE se han movilizado en una santa cruzada contra las medidas fitosanitarias, medioambientales, laborales y fiscales impulsadas por la Comisión Europea, que dañan la rentabilidad y la capacidad competitiva de sus explotaciones. Tienen razón. En paralelo, denuncian la apertura del mercado del viejo continente a las importaciones agroalimentarias procedentes de terceros países no sujetos a la misma normativa impuesta a sus homólogos europeos y aquí no la tienen. Para entender los actuales problemas del agro continental es básico contemplarlos con luces largas.
Durante décadas, la Política Agraria Común (PAC) ha sido un mecanismo proteccionista que ha creado un mercado cautivo para los agricultores del Viejo Continente eliminando los incentivos para modernizar el sector primario. Así, por ejemplo, el 63,8% de las explotaciones tienen menos de cinco hectáreas. Ello impide aprovechar las economías de escala y el incremento de la productividad que se derivarían de un aumento de su tamaño. Esta es sólo una de las negativas consecuencias de la PAC y la casuística podría ampliarse mucho más.
Por otra parte, el proteccionismo agrícola ha producido y sigue produciendo una gigantesca transferencia de rentas de los contribuyentes y consumidores europeos a un sector que representa el 1,3% del PIB de la UE y el 4% del empleo total. La........
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