Tras la cita electoral del 23 de julio del año pasado, era fácil calibrar que esta legislatura resultaría tan yerma como inviable. El segundo partido en aquellas elecciones, el PSOE –con 16 escaños menos que el partido ganador, el PP–, optó por el pésimo camino de obtener la investidura del Sr. Sánchez a base de pactar con los peores. La amnistía, que el PSOE declaró inconstitucional hasta el mismo 23 de julio, se convirtió luego en el arco de bóveda para que el Sr. Sánchez, –empeñado en hacer de su necesidad virtud de todos en vez de hacer de la virtud general necesidad particular–, obtuviera su investidura el pasado mes de noviembre. Se reagruparon ahí, Sumar, hoy ya irreversiblemente cortocircuitado, del que luego se escindieron los diputados de Podemos; Bildu, legatarios del terrorismo etarra; y ERC y Junts, los golpistas carlistas de Cataluña del 1 de octubre del 2017.

Sí, la amnistía, rechazada por la gran mayoría de los españoles, una ley de corrupción política elaborada por sus propios beneficiarios, con ruptura de los principios de igualdad y de separación de poderes, se ha convertido en la única ley, junto con la desconocida ley de enseñanzas artísticas, en lo que llevamos de legislatura. La amnistía ha sido la Ley clave para que Sánchez obtenga el gobierno, a cambio de siete votos. Y hoy, esa ley se arrastra en cuanto a su devenir, que el Tribunal Supremo no aplica en cuanto al delito de malversación de caudales públicos. Vamos, una producción legislativa raquítica y perjudicial para el curso normal del país.

El resultado, ocho meses después de la investidura del presidente Sánchez, es el esperado: una legislatura desierta, inane. Con tal vacío legislativo, sucede lo que era........

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