La Sala 2ª (Penal) del Tribunal Supremo ha abierto una causa contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos previsto y penado en el art. 417 del Código Penal. No existen precedentes en nuestra historia de un hecho semejante. La primera reacción de Álvaro García Ortiz y del gobierno ha sido defender su actuación y anunciar que queda en el cargo. Si así fuera nos encontramos ante una crisis reputacional de inmensa trascendencia en cuanto al Ministerio Fiscal. El art. 124.1 de la Constitución establece que: “El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley (…)”. Ya se nos dirá cómo un Fiscal General del Estado atiende a ese mandato constitucional en semejantes condiciones. No, la única salida razonable no es otra que la renuncia del Fiscal General del Estado. Al menos evitará que el deterioro institucional se agrave. Naturalmente, Álvaro García Ortiz goza, como cualquier ciudadano, del derecho de presunción de inocencia, pero la degradación institucional que supondría mantenerse en el cargo sería insoportable.

Su debilidad política se discernió desde el primer día; ahí está la obra legislativa perpetrada: una infame ley de........

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