Prácticamente la totalidad de las encuestas publicadas expresan que, alrededor de un 70% de la población española, está en contra de la amnistía para los golpistas del 1 de octubre de 2017. Parece lógico. En primer lugar, esa ley de amnistía como fundamento de la presente legislatura supone un gigantesco fraude electoral respecto de las elecciones del 23 de julio. Es incalificable, además de imposible, que lo que hasta esa fecha era absolutamente inconstitucional por boca, día sí y día también, del propio Gobierno se convierta por mor de los resultados electorales en impecablemente constitucional. No puede ser una cosa y su contraria, todo a la vez. Una ley en la que se suman privilegios, se consagra la impunidad, se quiebra el principio de igualdad y se atenta contra el principio de separación de poderes; en esas condiciones, parece natural que una inmensa mayoría de los españoles se pronuncien en su contra, de forma necesariamente transversal, donde obligadamente se encuentran ciudadanos de derecha y de izquierda.

El presidente Sánchez, tras un verano donde prácticamente se vetó la utilización del término amnistía, lo anticipó en un comité federal de PSOE el pasado 28 de octubre. Una frase definió todo el panorama por venir: hay que “hacer de la necesidad virtud”, que es tanto como proclamar “todo vale” o “el fin justifica los medios”. Todo por los siete votos que precisaba de Junts para ostentar él la presidencia del........

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