Desde estas páginas de Vozpópuli, nos narraba Mercedes Serraller el lío que hay montado en la Agencia Tributaria y cuya última consecuencia, de momento, ha sido el cese y sustitución de su directora del Departamento de Recursos Humanos. La cuestión dista de ser irrelevante pues el cargo tiene la condición de director general de la Administración pública española pero, sobre todo, por las causas que han originado el relevo.

Hace tiempo que los inspectores de Hacienda andan, con razón, ciertamente preocupados por varias circunstancias que vienen sucediendo con y en la Agencia. Primero fue cuando el Gobierno anunció su propósito de rebajar a niveles freáticos los requisitos para el ingreso en la Función Pública, rebaja inadmisible en general por ser contraria a los principios de mérito y capacidad establecidos por la Constitución y especialmente grave en lo que se refiere a los grupos de funcionarios cuya labor afecta a la hacienda de los contribuyentes. Que las inspecciones tributarias que sufren los ciudadanos españoles puedan ser realizadas por funcionarios con insuficiente preparación técnica que han adquirido su estatus en un proceso sin exigencia ni garantías, y que pueden adquirir y perder la condición funcionarial por decisión de sus superiores, constituye un peligro evidente para la independencia funcional de la Inspección de Hacienda y, por consiguiente, un paso en la instrumentación política de la Agencia Tributaria.

Poco después, y en el curso de una actuación tributaria, en principio cuasi rutinaria, tendente a comprobar la procedencia de la devolución de IVA solicitada por Soluciones de Gestión -empresa de Víctor de Aldama-, el inspector actuante descubrió la génesis del fraude de las mascarillas materializado a través de las compras fraudulentas realizadas por diversos ministerios y varias Comunidades Autónomas como la de Baleares o la de las Islas Canarias. Entregado el informe a su superior........

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