Hace unos días supimos que, para cumplir el requerimiento recibido de la jueza de Badajoz que instruye el caso de David Sánchez, la Agencia Tributaria remitió un informe anónimo. Algo inédito, inaudito y en mi opinión claramente irregular. Ahora hemos sabido que, forzada por la jueza a confesar la autoría del documento, la entidad ha manifestado que sus autores son los tres principales directivos de la Delegación Especial de la AEAT en Extremadura. Circunstancia que, de ser cierta, resulta también inédita, inaudita y en mi opinión claramente irregular. Con todo, la cuestión es que el contenido del informe remitido al Juzgado es asimismo inédito, inaudito y en mi opinión claramente irregular.

Son muchas las enmiendas que cabe hacer al informe, un auténtico enjambre laberíntico de normas, sentencias, datos… que parece elaborado con el único objeto de resultar indescifrable para cualquier lector, incluida la jueza a la que va destinado. No obstante, voy a centrarme en el modo en el que se cumple el mandato judicial de determinar “si de todos los datos y documentación de los que dispone la Agencia Tributaria puede determinarse un incremento en su patrimonio que no sea consecuencia de sus ingresos”, referido uno y otros a David Sánchez. Y más en concreto, me centraré en cómo se cumple en lo que respecta al año 2.022.

Como es obvio, determinar lo que debía ser determinado exigía que en el informe se procediera a cifrar el importe de la renta disponible que obtuvo David Sánchez en 2022, cuantificar el importe........

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