Dicen que el Gobierno está valorando endurecer las restricciones de cara a la Navidad. Concretamente, pretende permitir a las CCAA que puedan limitar el número de personas que se puedan reunir bajo un mismo techo durante las celebraciones navideñas –de diez pasarían a seis– así como prohibir los viajes para reunirse con la familia.

Pues bien, ya les adelanto que, en mi humilde opinión, y tal y como está redactado el Real Decreto en cuya virtud se aprobó el estado de alarma vigente en la actualidad, la prohibición de los desplazamientos carece de cobertura legal. Por no hablar del tufo a arbitrariedad que desprenden todas estas medidas. Y es que se suponía que todas las decisiones limitativas de nuestras libertades y derechos adoptadas por el Ejecutivo tenían el sostén científico-sanitario del Comité de Expertos, pero la única evidencia científica real de la que disponemos hoy en día es que dicho Comité no existe.

El Gobierno no sólo niega al Consejo de Transparencia la identidad de los miembros que lo integran a pesar de que tiene la obligación legal de facilitarla, sino que afirma que no se han levantado actas de las reuniones, contrariando así al propio Sánchez que, hace unos meses, aseguró públicamente que sí que había tales actas e incluso se comprometió ante los españoles a publicarlas. Han institucionalizado la mentira hasta el punto de convertirla en un menú de consumo diario cuya digestión cada vez se hace más difícil. Al menos a mí, porque otros están dispuestos a afirmar que las heces son un manjar exquisito siempre que provengan de las deposiciones de sus adorados líderes de progreso.

Pero, como ya les he adelantado, además de tratarse de decisiones arbitrarias –se hace porque yo lo digo y punto– serían también contra legem y, por lo tanto, manifiestamente inconstitucionales.

Para empezar, considero que exceden a las limitaciones previstas en el propio Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, que declara el estado de alarma en vigor.........

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