Confieso que las declaraciones de algunos de nuestros líderes políticos relacionadas con las sentencias dictadas en torno al procés me generan una intensa desazón, sobre todo porque no son fruto de la ignorancia puntual en relación con un tema concreto, sino que obedecen a una estrategia y a un posicionamiento determinado que, no nos engañemos, choca contra las estructuras de convivencia paridas por la Transición hace poco más de 40 años.

Cuando Carmen Calvo e Isabel Celaá, vicepresidenta y portavoz del Gobierno en funciones respectivamente, afirman sin ambages que la sentencia de Tribunal Supremo que condenó por sedición a los líderes del procés supuso “que la política estuviera en las sentencias”, hacen que se tambaleen todos los cimientos de nuestro Estado de Derecho: cuestionar la legitimidad de una sentencia que señala con nombres y apellidos a los responsables de un golpe de Estado supone, al fin y a la postre, legitimar ese golpe de Estado y conferir categoría política a un acto delictivo.

El PSOE tiene como fin que Pedro Sánchez resulte investido, y entiende que todos........

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