Coincidiendo con la visita que giró a España en mayo de 2023, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, antiguo jefe de la narcoguerrilla M-19 y adalid del bolivariano Grupo de Puebla que tiene a Zapatero de magno canciller, protagonizó, con el Atlántico de por medio, una descomunal trifulca con el Fiscal General de su país hasta este febrero en que cumplió su mandato. El origen fue que Francisco Barbosa saliera en socorro de un colega al que el mandatario criminalizó al vincular con un clan mafioso. Esa intromisión ilegítima plantaba, a su juicio, una lápida funeraria sobre aquel servidor público. Desde Salamanca, donde fue distinguido por su Universidad, para desdoro de Fray Luis de León y afrenta a los pioneros del pensamiento liberal que forjaron allí escuela en el siglo XVI, Petro le recriminó a Barbosa que olvidara que “yo soy el jefe de Estado y, por tanto, su jefe” apelando mendazmente a la Constitución colombiana.

Luego de que el presidente de la Corte Suprema le reprochara a Petro su uso torticero de la Carta Magna contra el Fiscal del Estado, éste último no perdió ripio para significar que, “seguramente por su historia subversiva”, Petro pretendía erigirse en comandante-jefe de todos los poderes públicos poniendo rumbo a regímenes que derruyeron sus democracias. No le aquietaba su persistencia en que no buscaba variar la Carta Magna de 1991 cuando la estaba enmendando de facto. Rememorando su rol en el M-19 y como asaltó el Palacio de Justicia de Bogotá en 1985 para quemar sumarios de los cárteles de la droga, Barbosa colegía que lo que Petro perseguía ahora desde el poder era calcinar el orden legal colombiano como en la Venezuela de Maduro en la que el Ministerio Público encubre los crímenes del sátrapa y hostiga inquisitorialmente a la oposición encarcelándola. A diferencia de Petro y su intromisión en las funciones del Fiscal General de Colombia, Sánchez goza y presume de tener bula desde que, al ser inquirido en Radio Nacional en noviembre de 2019 sobre cómo cumpliría su promesa de traer de vuelta a España al prófugo Puigdemont para ponerlo a recaudo de la Justicia, zanjó cualquier equívoco sobre su ambición totalitaria: “¿La Fiscalía de quién depende? Depende del Gobierno. Pues ya está”. De hecho, hace tiempo que maneja la Fiscalía “pro domo sua” contraviniendo el artículo 124 de la Carta Magna que estipula como misión de ésta promover “la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público”, amén de “velar por la independencia de los Tribunales”.

Como con tantas mentiras como empiedran su infernal trayectoria, “Noverdad” Sánchez instrumentaliza el Ministerio Público para protegerse tanto él en su fuga del Estado de Derecho -ya sea en su negligente gestión de la pandemia del Covid-19 o en los latrocinios registrados........

© Vozpópuli