En su solemne preámbulo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a rebelarse contra la tiranía: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Conviene recordar que esta declaración, renovada y ampliada varias veces, fue uno de los primeros resultados capitales de las revoluciones liberales, la norteamericana de 1776 y la francesa de 1789: desde entonces, entendemos que la democracia es lo opuesto a la tiranía.

¿Y qué debemos entender por tiranía? Aristóteles la definió para siempre como el sistema político donde un gobernante absoluto incumple las leyes vigentes; añadió de paso que la tiranía es por eso mismo el peor, más corrupto e injusto de los sistemas políticos. Un gobierno que incumple las leyes: no hace falta mucho más para concluir que España caerá en la tiranía si Pedro Sánchez consigue ser investido gracias a una obscena ley de amnistía negociada con sus beneficiarios, ley que puede comprarle los votos necesarios, pero que derogará de facto la ley de leyes, la Constitución.

Lo ha advertido expresamente el Poder Judicial en un manifiesto sin precedentes: “El Parlamento podría, si es que realmente nuestra Constitución lo legitimase para ello, aprobar una ley de amnistía con las características propias de toda ley que es su imperatividad, generalidad y abstracción; y, en aplicación de esa normativa concreta, adoptar la decisión de aplicar la amnistía a supuestos concretos y determinados y con los efectos ya contemplados en la ley general que, por otra parte, deberán........

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