Si España fuera un país normal, el pasado jueves 26 de noviembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hubiera tenido que echar del gabinete a su ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras emitir el Tribunal Supremo su opinión sobre el 'Delcygate'. Bueno, en realidad, si en España quedase algo de decencia, esa destitución se tenía que haber producido el 23 de enero, fecha en la que 'Vozpópuli' desveló todo el escándalo, o en sus días posteriores, cuando el ministro ofreció hasta una decena de versiones diferentes sobre lo ocurrido en la madrugada del 20 de enero en el aeropuerto de Madrid.

Pero no, no esperen ustedes ceses ni dimisiones. Los protagonistas de esta historia ya han demostrado sobradamente su falta de decoro, y España también ha dado muestras de ausencia de vergüenza (según la RAE, vergüenza es la "turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida"). En este extraño 2020, la sociedad y los medios están anestesiados, incapaces de promover el más mínimo reproche ante una conducta claramente reprobable. Todo vale, casi nadie alza la voz. La salud y la crisis económica importan más que la ética.

Vayamos por partes. El 26 de noviembre, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y actuando como ponente el magistrado Manuel Marchena, emitió un auto en el que inadmitía la querella presentada contra Ábalos por haberse visto en territorio nacional con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a pesar de tener prohibida su entrada en la Unión Europea por "menoscabar la democracia y el estado de derecho" en su país.

Cuando se conoció esa noticia, la mayor parte de los medios dieron por concluido el escándalo y salvaron de cualquier responsabilidad al ministro Ábalos. Éste, aliviado por las informaciones, se mostró eufórico en el primer acto al que acudió tras conocerse la decisión. La Justicia, supuestamente, le había exonerado.

Nada más lejos........

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