Sería tan fácil decir que, por medio de un Acto Legislativo, se modifica el artículo 328 de la constitución Política de Colombia y se organizan los municipios de Bucaramanga, San Juan de Girón, Piedecuesta y Floridablanca del Departamento de Santander, como un único distrito especial, denominado Bucaramanga, distrito especial cultural, turístico, educativo y de salud... pero no.

El camino para superar los obstáculos para el desarrollo de la región, definitivamente parece no ser el del acto legislativo que podría, entre otras cosas, además de reivindicar la política en la región, acelerar el crecimiento económico, político y social al reconocer las verdades de a puño de las que nos quejamos diaria y unívocamente los habitantes de Girón, Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga.

A falta de iniciativa y efectividad política en el Congreso de la República sobre este tema, el camino comunero se abrirá por los senderos del libertador, empleando el Referendo o la Consulta Popular, con el apoyo de las Cámaras de Comercio, los gremios de Santander y la academia, que ya han hecho su aporte con estudios realizados en los años 2006 y 2013, que bien podrían copiarse y pegarse, pero que bien vale la pena actualizar para la gesta de participación ciudadana del 2024.

Aunque no constituirnos como distrito especial, puede ser la idea predominante en un sondeo de opinión actual, el diálogo con los grupos de opinión política, organizaciones civiles y ciudadanos traerán las incontrovertibles razones a flote, dejando lo fútil, lo trivial y lo baladí como las razones de una minoría que se apoya en la existencia de burocracia redundante y en la existencia del desorden territorial y administrativo para sus cometidos.

El Distrito Especial de Bucaramanga, al que desde hace mucho tiempo en estas líneas de opinión clamo como Distrito Especial de Real de Minas o el Distrito de la Cigarra, contará con esquemas de administración y financiación para la eficiencia en el cumplimiento de metas, programas y proyectos, tendrá acceso a más presupuesto, contará con mayor independencia frente al Gobierno Nacional y considerable autonomía en decisiones.

El reto pasa de la expectativa a la acción y se formulan nuevos retos.

A las Cámaras de Comercio, a los gremios y a las Universidades: a actualizar o complementar los estudios existentes y, a los Congresistas, a que se adelanten a la iniciativa popular que brota; a los medios de comunicación, información y opinión, a sumarse al debate de aproximación.