Una de las características de los gobiernos, que bajo el pretexto de una democracia popular, esconden el camino hacia una dictadura es contar con un sistema de control administrativo y judicial complaciente que les garantice no solo la impunidad en su actuar sino también la validez de sus actos sometidos al control respectivo.

Estamos ad portas de la elección del nuevo Fiscal General de la Nación, encargado de investigar las conductas eventualmente delictivas y como el criterio político pesa mucho en algunas de sus determinaciones, así se alegue su imparcialidad, se debe vincular al cargo a alguien que interprete el querer del gobierno y entonces se hablaría de fiscales de bolsillo como se dice lo han sido, todos quienes desempeñaron el cargo en los últimos gobiernos.

De igual manera, con algo de paciencia, el modelo de imponer jueces que piensen como el gobierno quiere que piensen se irá dando en la medida que, por vencimiento de los periodos para los cuales fueron elegidos, deban ser remplazados, momento en el cual se dará la lucha para lograr que a los tribunales lleguen personas que favorezcan el modelo de gobierno que se pretende imponer.

¿Cómo se logra la impunidad judicial en Colombia? Simplemente utilizando el modelo de ir aplazando los actos procesales y las determinaciones a adoptar hasta que por el simple paso del tiempo se logra el vencimiento de los términos y que las conductas delictivas prescriban; es así de sencillo.

Un ejemplo para mostrar es la JEP, creada por exigencia de las FARC para juzgar a quienes tuvieron que ver con el conflicto y la verdad es que ninguno de los cabecillas de esa institución ha sido condenado, por lo menos, que se tenga conocimiento de ello.

Un parlamento enmermelado y una justicia complaciente con el poder son los ingredientes perfectos de lo que hemos llamado “dictaduras democráticas”, en donde solo algunos despistados aún las ven como una democracia popular y así estamos.

Ahora vendrá la lucha por la perpetuación en el poder; ya se habla de ganar las elecciones en el 2026 y seguramente se tratará de imponernos una reforma constitucional y un referéndum como lo han intentado en otros países con el mismo modelo de gobierno que simplemente terminará por darle apariencia de legalidad a una dictadura manifiesta.