Compartir

Cada ciclo electoral trae consigo la misma confusión: empieza la Ley de Garantías y, con ella, el rumor de que “el Estado se paraliza” y que “nadie puede contratar”. Ninguna de las dos afirmaciones es del todo cierta. Pero ambas esconden una realidad que el contratista con entidades públicas necesita entender con claridad, porque las consecuencias son concretas y personales.

La Ley de Garantías. Su finalidad es evitar que los recursos públicos se utilicen con fines electorales. Para lograrlo, el legislador optó por reducir la discrecionalidad en la contratación estatal durante el período electoral. Y es ahí donde aparece el impacto.

En términos simples, durante la vigencia de la Ley de Garantías........

© Vanguardia