La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella sufrió un revés significativo tras la revisión oficial de la Registraduría. A comienzos de este año la registraduría recibió 5 millones de firmas presentados con respectivo despliegue mediático, pero apenas 1.978.108 firmas fueron validadas. Más del 62% resultó inválido por inconsistencias graves: cerca de 1,4 millones correspondían a datos inexistentes, otro millón no figuraba en el Archivo Nacional de Identificación y más de 273 mil estaban duplicadas.

Consultado por la magnitud del rechazo, el candidato respondió con evasivas: “No lo sé, voy a verificarlo”. Sin embargo, la dimensión de las cifras no admite ambigüedades: más de cuatro millones de registros eran falsos.

Un retrato firmado del negocio electoral y su fullería: el episodio expone los límites estructurales de la democracia burguesa en Colombia. La recolección de firmas, concebida como mecanismo de participación ciudadana, terminó convertida en un próspero negocio privado. Empresas especializadas ofrecen el servicio de recolectar apoyos para distintos aspirantes de manera simultánea, permitiendo que una misma persona figure en múltiples planillas sin un respaldo político consciente.

La capacidad de contratar operadores y financiar estructuras de recolección termina pesando más que el respaldo político. Lo que se compra no es apoyo ni compromiso, sino un volumen estadístico que infla cifras y fabrica la apariencia de legitimidad.

La historia lo confirma: En 2022, Germán Vargas Lleras presentó cerca de cinco millones de firmas para terminar obteniendo alrededor de un millón de votos en primera vuelta. La distancia entre la firma ocasional y el voto evidencia que este mecanismo no refleja respaldo real, sino músculo financiero. Como ha señalado el analista Yann Basset, las firmas operan como “likes” electorales: abundantes, inflables y fácilmente instrumentalizables, pero sin traducción directa en las urnas.

El caso de De la Espriella agrega otro elemento inquietante: la opacidad institucional. La periodista Cecilia Orozco ha denunciado que la Registraduría se ha negado a publicar de manera detallada los resultados por candidato, pese a solicitudes formales. La falta de transparencia alimenta la desconfianza sobre un sistema que permite inflar cifras, mientras el escrutinio público llega tarde o de forma incompleta.

El candidato que proclamó haber reunido “cinco millones sin maquinaria” queda reducido a menos de dos millones válidos. El tigre de papel se achica. Pero más allá de una campaña específica, lo que permanece intacto es el engranaje que convierte la participación y el respaldo popular en cifras negociables. 

Superar estas ficciones no depende de mejorar controles técnicos ni de ajustar el procedimiento, sino de romper con el régimen político que subordina la voluntad popular al poder económico. Bajo el capitalismo, la democracia está estructuralmente limitada: cuando el poder económico precede y condiciona al poder político, la participación es vacía y la legitimidad puede inflarse como cifra.

La salida no es administrativa, es política, y pasa por la organización consciente de las mayorías para disputar las bases mismas del orden que hoy reduce la soberanía popular a estadística electoral.

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