El 17 de enero entró en vigor un acuerdo internacional que afecta a más de la mitad del planeta: el Tratado de Alta Mar, conocido también como el Acuerdo sobre la Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional. El manuscrito intenta regular quién puede pescar, los trayectos de los grandes buques, el tipo de proyectos que se pueden hacer en el océano profundo y quién se beneficia de los recursos marinos del futuro.

La alta mar empieza más allá de las 200 millas náuticas de cada país, es decir, a 370,4 kilómetros de la costa. Ocupa alrededor del 64 % de la superficie oceánica, lo que la convierte en la mayor “zona sin dueño” de la Tierra. Cada año la cruzan decenas de miles de buques mercantes y militares. Solo la ruta Asia–Europa mueve millones de contenedores atravesando durante semanas aguas que no pertenecen a ningún Estado. Y buena parte de la pesca industrial a gran escala se hace también allí, lejos de cualquier costa y con un control muy limitado.

Durante décadas, la tecnología aplicada al mar ha corrido más rápido que las normas. Los barcos son hoy auténticas fábricas flotantes. Los arrastreros congelan y procesan el pescado a bordo. Algunos buques portacontenedores miden más de 400 metros y transportan más de 20 000 contenedores en un solo viaje. Y los científicos trabajan con robots a seis mil metros de profundidad. Pero las reglas para proteger esos espacios seguían siendo débiles y fragmentarias.

El Tratado de Alta Mar nace para cambiar eso. No crea un gobierno mundial del océano, pero sí un marco común para conservar y usar de forma sostenible los ecosistemas marinos fuera de las aguas nacionales. La medida más visible es la posibilidad de crear áreas marinas protegidas en alta mar. Hasta ahora, más del 90 % de las áreas protegidas estaban dentro de aguas nacionales y........

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