Tener derecho a una prestación social en España no garantiza poder acceder a ella. Más de la mitad de los hogares que cumplen los requisitos para recibir ayudas como el Ingreso Mínimo Vital o el bono eléctrico no llegan a percibirlas. Miles de personas esperan años para que se les reconozca su discapacidad, dependencia o tarjetas de residencia. Conseguir una cita se ha convertido en un obstáculo en muchas administraciones. La distancia entre el reconocimiento de derechos sociales y su disfrute se convierte en un abismo.

Nuestra investigación muestra que no se trata de incidencias aisladas, sino de problemas estructurales: largos tiempos de resolución de procedimientos, cargas documentales y requisitos desproporcionados funcionan como barreras en el acceso a derechos que generan una nueva forma de vulnerabilidad.

Esta vulnerabilidad administrativa excluye, precisamente, a quienes más lo necesitan.

La pandemia no es el origen de los problemas sociales en España, pero sí amplificó los que ya existían. En apenas un año, la desigualdad aumentó con mayor rapidez que durante algunos de los peores momentos de la crisis financiera anterior. Muchas familias que ya vivían al límite perdieron repentinamente sus ingresos. Otras descubrieron por primera vez lo frágil que era su red de seguridad.

También aceleró la relación por medios electrónicos con las administraciones, así como la implantación de la cita previa y el teletrabajo en los servicios públicos que impactan directamente en la ciudadanía.

Para hacer frente a la emergencia, se activaron instrumentos cruciales, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Este fue diseñado para garantizar un nivel mínimo de ingresos a los hogares con menos recursos. Gracias al IMV se evitó un colapso social........

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