X: @fanzinero
Durante el mes de febrero de 2024 éramos parte de la asistencia a un foro virtual, con profesores de una reconocida universidad de Estados Unidos, para aprender sobre democratización y transiciones. Uno de los facilitadores hizo foco en los tipos de transición del autoritarismo a la democracia, describiendo como luego del impulso democratizador de décadas anteriores, hoy éramos testigos del aumento de gobiernos autoritarios que llegaban al poder a través de los votos. En los esfuerzos por revertir esta situación, explicó, se habrían consolidado tres modelos de transición: 1) La transición desde arriba (la España de Franco o Taiwan, por ejemplo); 2) La transición «ruptura desde abajo», o que otros autores han denominado «por colapso», como consecuencia de movilizaciones masivas y, finalmente, la número 3: La transición negociada, a través de un proceso interactivo, con presión desde abajo y concesiones desde arriba.
Más de uno de los asistentes de aquel auditorio virtual, nacidos en esta ribera del Arauca tricolor, habrá identificado que la «transición ruptura desde abajo» sintetiza los esfuerzos realizados por el campo democrático venezolano entre los años 2017 a 2019. Y que ante la ineficacia de aquella estrategia hoy hemos mutado a la fase de «transición negociada». Los comentarios en el chat de la plataforma Zoom se detuvieron cuando una de las láminas de powerpoint, pura letra sin imágenes, describía las características de la «transición negociada». Traduzco: «Los activos económicos de las élites están garantizados. Puede conceder a las elites autoritarias amnistía implícita o explícita por los crímenes pasados».
Esta clase, seguramente, se encuentra en la cabeza de parte de los asesores y asesoras de la clase política que se ha involucrado en las negociaciones con Miraflores. Y que, en la conversación pública, se desliza con eufemismos: «Si queremos una transición, tenemos que tragar sapos».
Convencidos de esta verdad, legitimada académicamente repiten como mantra que la transición será posible cuando «los costos de salida sean menores que los de mantenerse en el poder»; que el problema es que no se han ofrecido los incentivos suficientes (la intocabilidad de sus bienes y la impunidad) para que quienes hoy gobiernan den un paso al costado.
Ha pasado mucha agua bajo el puente del método científico que construyó los cimientos del conocimiento en las ciencias sociales, incluyendo en ese frondoso árbol a la teoría política. La objetividad se reveló como quimera, teniendo los sesgos propios de los catedráticos en tanto humanos, que interpretaban la realidad con una historia personal a cuestas y, sobre todo, desde un rol y un lugar determinado. Hoy, el conocimiento debe conjugarse en plural. Y lo que hacen las academias debe complementarse con saberes producidos en otros lugares. ¿Nos sirve esa particular formula transicional para la sociedad civil venezolana en el año 2024, y especialmente para los defensores y defensoras de derechos humanos?
Con frecuencia, cuando desde el activismo hablamos sobre conceptos como «democracia» apelamos al rico e inacabado debate académico sobre el tema, donde aún se discute si lo que ocurre en nuestro país es un «autoritarismo competitivo», un «autoritarismo electoral» o un «neototalitarismo». Sin embargo, obviamos que desde otras instituciones, más cercanas al propio hacer del movimientismo, se ha venido construyendo un edificio conceptual no sólo sobre la democracia, sino sobre su vinculación con los derechos humanos.
Desde los propios organismos multilaterales, como la ONU o la OEA, o más específicamente desde instituciones como el Consejo de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ladrillo sobre ladrillo se ha construido una arquitectura teórica con mejor aplicabilidad –debido a los estándares que utiliza– para las reivindicaciones sociales. Y en nuestro caso, para la lucha por el regreso a la democracia en nuestro país. Por ejemplo, la CIDH en el año 2011 estableció que «Sólo a través de la democracia representativa y participativa, los derechos humanos de los hombres y las mujeres, pueden garantizarse plenamente». Este axioma, que también cabe en una lámina de powerpoint, nos sirve para refutar la tesis que negando derechos es posible el desarrollo productivo del país.
Los defensores y defensoras de derechos humanos representamos víctimas del abuso de poder. Para nosotros es incompatible con nuestro rol promover una transición que conceda una amnistía por los crímenes cometidos en los últimos años. Que la impunidad tenga ahora el mayor costo social posible es el músculo que permita, en el futuro, tener justicia para todas y cada una de las violaciones, incluso aquellas previas a 1998 que, aún, no han sido debidamente sancionadas.
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¿Qué garantías de no persecución son compatibles con los derechos humanos? Garantizar en un futuro la no discriminación por razones políticas. Y que cualquier persona que quiera identificarse políticamente como «chavista» pueda ejercer sus derechos civiles y políticos sin ninguna retaliación, de la misma manera que el resto de la población con identidades políticas diferentes. Y, en segundo lugar, que luego de la reconstrucción del sistema de administración de justicia, todas las personas señaladas por haber cometido delitos o violaciones de derechos humanos, tendrán un juicio justo, con respeto al debido proceso y su derecho a la defensa, realizada por abogados y abogadas de su entera confianza.
No sé si los defensores somos políticamente ingenuos o, como dicen algunos, cultores de una religión principista. Lo que jamás nos podrán acusar es de irnos por las ramas, y hablar con acertijos y subterfugios sobre lo que proponemos para la redemocratización del país.
Rafael Uzcátegui es Sociólogo y defensor de derechos humanos y codirector de Laboratorio de Paz.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo
Conocimiento académico y conocimiento aplicado, por Rafael Uzcátegui
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20.03.2024
X: @fanzinero
Durante el mes de febrero de 2024 éramos parte de la asistencia a un foro virtual, con profesores de una reconocida universidad de Estados Unidos, para aprender sobre democratización y transiciones. Uno de los facilitadores hizo foco en los tipos de transición del autoritarismo a la democracia, describiendo como luego del impulso democratizador de décadas anteriores, hoy éramos testigos del aumento de gobiernos autoritarios que llegaban al poder a través de los votos. En los esfuerzos por revertir esta situación, explicó, se habrían consolidado tres modelos de transición: 1) La transición desde arriba (la España de Franco o Taiwan, por ejemplo); 2) La transición «ruptura desde abajo», o que otros autores han denominado «por colapso», como consecuencia de movilizaciones masivas y, finalmente, la número 3: La transición negociada, a través de un proceso interactivo, con presión desde abajo y concesiones desde arriba.
Más de uno de los asistentes de aquel auditorio virtual, nacidos en esta ribera del Arauca tricolor, habrá identificado que la «transición ruptura desde abajo» sintetiza los esfuerzos realizados por el campo democrático venezolano entre los años 2017 a 2019. Y que ante la ineficacia de aquella estrategia hoy hemos mutado a la fase de «transición negociada». Los comentarios en el chat de la plataforma Zoom se detuvieron cuando una de las láminas de powerpoint, pura letra sin imágenes, describía las características de la «transición negociada». Traduzco: «Los activos........
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