La libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia constitucional. Sin ella no hay crítica, no hay vigilancia del poder, no hay deliberación pública real. Pero ese derecho tiene límites precisos. No es un cheque en blanco. No protege el insulto sistemático. No ampara la descalificación sin razones y, desde luego, no convierte un conflicto económico en una causa de derechos humanos.

El caso de Ricardo Salinas Pliego exige poner las cosas en su sitio. Aquí, en México, no se debate si puede hablar. Puede hacerlo y lo hace todos los días. Aquí se discute si el uso estratégico del discurso puede servir para presionar al Estado, evadir responsabilidades y construir una narrativa de victimización internacional. Eso es otra cosa. Y es mucho más grave. Veamos.

Primero. La Constitución protege la crítica dura. Protege la denuncia incómoda; protege incluso el lenguaje severo cuando cumple una función pública, pero exige un mínimo democrático: contenido. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente. La expresión está protegida cuando aporta argumentos; cuando contribuye al debate público; cuando permite a la sociedad comprender un problema con razón o sin ella. El insulto reiterado, sin embargo, no cumple esa función social. No hay en México........

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