Lo que Luis Felipe Henao reveló sobre Ecopetrol es demasiado grave para despacharlo como otro escándalo más. Habló de 32 casos de presunta corrupción identificados por la auditoría forense y de posibles irregularidades que, si se comprueban, podrían representar un detrimento de billones de pesos. Lo resumió con una frase demoledora: “En Ecopetrol no se robaron un contrato, se robaron el gobierno corporativo”. Henao conoce el proceso desde adentro y seguirá sentado en la Junta. La nueva Junta eligió a Carlos Augusto Suárez como presidente y a Claudia Margarita Lafaurie como vicepresidenta.

Los primeros hallazgos dejan demasiadas preguntas abiertas. Henao ha hablado de presuntos pagos por nombramientos, cargos que habrían sido comprados para direccionar negocios, contratos supuestamente fraccionados para esquivar controles y operaciones relacionadas con gas, paneles solares, mantenimiento y Termomorichal. Hay, además, un elemento que puede ser decisivo para saber qué ocurrió. La información digital y los chats institucionales fueron asegurados. Ahí puede estar buena parte de la historia que falta por contar. Quién habló con quién, qué instrucciones se dieron y qué ocurrió antes de que determinados contratos o nombramientos terminaran aprobados.

La mirada regresa inevitablemente a Ricardo Roa. Fue gerente de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia y después quedó al frente de Ecopetrol. Hoy está acusado por la Fiscalía de tráfico de influencias por un caso que conecta la compra de su apartamento con gestiones que, según el ente acusador, habría realizado desde la presidencia de la petrolera. El inmueble estaba avaluado en 2.727 millones de pesos, pero fue negociado por 1.800 millones, 927 millones por debajo de ese valor.

Por eso, a mi juicio, las cuentas de esa compra abren muchos interrogantes. La escritura firmada en diciembre de 2022 señalaba que el apartamento ya estaba pagado, pero la Fiscalía sostiene que las transferencias se hicieron después, entre 2023 y 2024. En los soportes entregados a los investigadores aparecen consignaciones y transferencias relacionadas con Innova Mercadeo y Logística, empresa constituida por Juan Guillermo Mancera. Según documentos conocidos durante la investigación, esa firma hizo pagos por alrededor de 1.700 millones de pesos. ¿Quién pagó realmente el apartamento de Ricardo Roa y cómo se movieron los 1.800 millones de pesos de la operación? Follow the money.

Mancera aparece también en otro capítulo. No solamente intervino en la negociación del inmueble. Estaba detrás de Gaxi, empresa interesada en el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG. La Fiscalía sostiene que Roa habría utilizado su posición como presidente de Ecopetrol para pedirle al entonces presidente de Hocol que favoreciera a Mancera con oportunidades de negocio. Según la acusación, esa gestión habría ocurrido en dos ocasiones, una de ellas dentro de las propias oficinas de Ecopetrol. Hocol y Gaxi llegaron a firmar un memorando de entendimiento. El proceso avanzó y la Fiscalía radicó escrito de acusación contra Roa.

Durante su administración estalló además el caso Covington & Burling. El contrato original, por 875.000 dólares, fue solicitado por la Junta Directiva para revisar asuntos relacionados con autoridades........

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