Colombia enfrenta un desafío que no admite aplazamientos: recuperar el equilibrio de sus finanzas públicas sin sacrificar las posibilidades de crecimiento económico. El pasado 29 de octubre, el Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley de rescate económico, que busca cerrar un hueco de entre 80 y 90 billones de pesos, con el que pretende corregir el deterioro fiscal mediante una combinación de reducción del gasto, mayores ingresos tributarios y estímulos a la inversión. La pregunta es inevitable: ¿quién paga la cuenta?

Nadie puede desconocer la gravedad del problema fiscal ni la necesidad de enfrentarlo. Un Estado que gasta sistemáticamente más de lo que recibe termina financiando sus obligaciones con deuda creciente y trasladando a las próximas generaciones el costo de sus decisiones.

Pero tampoco podemos aceptar que la respuesta habitual a los desequilibrios de las finanzas públicas sea acudir nuevamente al bolsillo de los ciudadanos. El proyecto, por ejemplo, extiende la tarifa general de IVA del 19 por ciento a algunos alimentos y amplía la base de quienes declaran renta.

El debate debería comenzar preguntando cuánto puede ahorrar el Estado sin sacrificar sus obligaciones esenciales. Porque una cosa es garantizar los derechos sociales y otra mantener estructuras burocráticas costosas, entidades con funciones........

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