Los estados de excepción han sido previstos en nuestra Constitución para hacer frente a situaciones de emergencia imprevisibles y sobrevinientes que pongan en riesgo la estabilidad del Estado colombiano y que no puedan ser conjuradas mediante medidas ordinarias. Se llaman así porque son excepcionales: no están pensados para atender problemas estructurales, previsibles o incluso provocados por el mismo Gobierno, ni para usurpar competencias de otros poderes públicos, romper los frenos y contrapesos ni, mucho menos, para recentralizar el poder.

Este decreto de emergencia económica y social expedido por Petro representa un nuevo abuso del Estado de derecho y una estrategia para mantener prácticas derrochonas, ineficientes y desiguales a las que este Gobierno nos tiene acostumbrados.

El Gobierno señala que la crisis fiscal se debe al reajuste a la UPC ordenado por la Corte Constitucional, a los ataques contra la Fuerza Pública y al hundimiento en el Congreso de la última reforma tributaria. Ninguno de estos factores es imprevisible ni sobreviniente. Por el contrario, se trata de situaciones ordinarias, crónicas, de ocurrencia común e incluso previsibles en este........

© Revista Semana