En tanto se ha cumplido el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum, la violencia contra niñas, niños y adolescentes refleja una crisis estructural que parece no dar tregua en el país. No se trata de ninguna especulación, según cifras oficiales y el último reporte de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en 2024 se registraron 2 mil 243 homicidios de niñas, niños y adolescentes (NNA) entre 0 y 17 años, lo cual significó un aumento de más del 6% respecto al año anterior. En el rubro de feminicidios de niñas y adolescentes, igualmente se observa un incremento con 73 casos en comparación a 68 en 2023.

Adicionalmente, durante los últimos cinco años Early Institute ha documentado un crecimiento sostenido de casi 65% respecto los índices de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, lo cual se suma a un contexto de violencia generalizada a partir de fenómenos latentes como la explotación, trata, movilidad, migración y el reclutamiento de NNA por parte del crimen organizado.

De todo ello existe evidencia sólida, no hace falta apelar a diagnósticos o datos de escritorio para interpretar esta realidad y concluir que se trata de un problema estructural. Al final, se trata de vidas y familias destrozadas, reflejo de décadas de abandono institucional hacia la protección integral de la niñez y adolescencia, especialmente a la que se desarrolla en entornos vulnerables de pobreza y marginación.

En tal contexto y a un año del inicio este gobierno, surge una pregunta ineludible: ¿por qué esta agenda no ha emergido como un eje prioritario explícito a pesar de la urgencia manifiesta?

El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, presentado por el Gobierno de la República en febrero pasado, representa el documento rector que define las prioridades de la administración pública federal. La........

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