En días pasados, mientras que el Presidente de la República y el ministro de Hacienda proponían al país pensar en una nueva reforma tributaria que bajara la carga impositiva a las empresas, el ministro de Salud propuso, al contrario, que los empresarios aportaran más recursos para financiar el sistema de salud. En palabra del ministro Jaramillo: “Pongamos a los empresarios a que paguen la plata que dejaron de pagar y hacemos una reforma justa y equitativa”. ¿Está divagando el ministro?

Para entender la posición del ministro Jaramillo debemos remontarnos a la reforma tributaria de 2012, la Ley 1604. En ella se establece que las empresas dejan de pagar los aportes a ICBF, SENA y a la salud de sus trabajadores, para un total de 13,5% sobre el valor de los salarios pagados mensualmente.

Como alternativa, la mencionada ley creó un nuevo impuesto sobre la renta denominado CREE, de 8% y de destinación específica. Contemporáneamente, sin embargo, la tarifa del impuesto general a la renta bajó en 8 puntos, de 33 a 25%. A fin de cuentas, entonces, las empresas dejaron de pagar 13,5 puntos porcentuales de aportes parafiscales. Posteriores reformas eliminaron el impuesto CREE y subieron la tarifa general de renta.

Más precisamente, fue desde el primero de enero de 2014 que las empresas dejaron de cotizar mensualmente para la salud de sus trabajadores. A esto se refería el ministro Jaramillo al afirmar: “pongamos a los empresarios a que paguen la plata que dejaron de pagar”.

Ahora bien, ¿quién tiene que financiar la seguridad social? Según el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo sobre normas mínimas de seguridad social: “El costo de las prestaciones … (de la seguridad social) … deberá ser financiado colectivamente por medio de cotizaciones o de impuestos …(y)… El total de cotizaciones de seguro a cargo de los asalariados protegidos no deberá exceder del 50 por ciento del total de recursos”. De lo cual se deduce que la financiación debería ser tripartita, es decir compartida entre empleadores, trabajadores y Estado.

Colombia no es el único país en el cual los empleadores no participan en la financiación directa de la seguridad social.

En Chile, por ejemplo, la cotización al sistema pensional está totalmente a cargo de los trabajadores. En Chile pasó un caso similar al de Colombia: en ocasión de la reforma pensional de 1981 el aporte de competencia de los empleadores se trasfirió a los trabajadores, previo aumento de los salarios en una proporción equivalente al aporte trasladado.

Actualmente se habla de reformar el sistema pensional chileno y entre las medidas propuestas está el aumento de las cotizaciones en 6 puntos porcentuales.

Dado que ahora los empleadores no están participando en su financiación, se propone que estos 6 puntos adicionales estén exclusivamente a su cargo.

¿Derivamos alguna lección de política de lo que está pasando en Colombia y Chile en materia de financiación de la seguridad social?

STEFANO FARNÉ
Director Observatorio del Mercado Laboral, Universidad Externado de Colombia.